PATRICIA RAMÍREZ
Foto: Cortesía UAM
Para frenar y sancionar el acoso y hostigamiento sexual en instituciones educativas, el Observatorio Nacional sobre Violencia en las Instituciones Educativas propone la implementación de un Acosómetro universitario para reconocer y denunciar estas conductas.
La doctora Rosalía Carrillo Meráz, investigadora de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y fundadora del organismo constituido en 2011 por representantes de diferentes organizaciones con el apoyo de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, subrayó que es importante hacer una revisión exhaustiva de las investigaciones que se están haciendo en México, lo que le permitió constatar que de 2020 a 2022 hay más de 50 artículos sobre el tema y de ellos la conceptualización de este fenómeno se refiere sólo al acoso y al hostigamiento sexual.
A partir de esta inquietud pensó en una propuesta para distinguir esas violencias sexuales acontecidas en los espacios estudiantiles, trabajo que hizo durante la estancia posdoctoral en la Universidad de Guanajuato y de la cual surgió el acosómetro, en un “intento por reconocer e incitar a la comunidad femenina a que pueda denunciar y hacer visibles estas agresiones que por muchos años han pasado desapercibidas, tanto en el ámbito social como en el educativo”.
El instrumento está inspirado en el “violentómetro” del Instituto Politécnico Nacional, sólo que en este caso se abordan únicamente las intimidaciones sexuales.
Reconoció que en las universidades se hacen esfuerzos por reconocer, denunciar y hacer visible la violencia por razones de género; sin embargo, persisten factores como una cultura de simulación, falta de campañas de prevención, ausencia de compromiso de la comunidad, desconocimiento de la perspectiva de género por parte de quienes imparten justicia en las instituciones y falta de proporcionalidad entre la sanción y el error cometido, que se da por el desconocimiento de la gravedad del fenómeno.
Carrillo Meráz expuso que el acosómetro establece cuáles son violencias leves, graves y muy graves. Las primeras son aquellas que causan incomodidad en las víctimas; las segundas, además de la molestia causan daño psicológico, es decir, generan miedo, ansiedad y trastornos del sueño, entre otros malestares, mientras que las terceras, aparte de las anteriores afectaciones provocan daños físicos, cuando se transgrede el cuerpo de las mujeres.
De acuerdo con la propuesta, las violencias leves deben tratarse a través de la mediación y la conciliación, “empoderando a las estudiantes para que puedan hacer evidente que están siendo vulneradas; por ejemplo, si alguien opina sobre su cuerpo, que ellas puedan poner un alto de manera directa, porque nos hemos dado cuenta de que si esto se convierte en una denuncia para que las autoridades tomen decisiones se van a tardar meses”.
Las violencias graves corresponde atenderlas a las autoridades universitarias, junto con las unidades de género siguiendo los protocolos y la normatividad, mientras que respecto de las muy graves sólo se da aviso a la casa de estudios y “se va directamente al Ministerio Público”, porque son penalizadas en la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El instrumento no fue generado al azar, sino que llevó varios meses de creación y se trabajó primero con más de 500 alumnas de diferentes universidades a quienes se planteó organizar las violencias entre las que causaban más y menos daño. En los grupos hubo muchas diferencias en cómo ordenarlas, por lo que se efectuaron numerosas sesiones de discusión hasta que se logró el orden formulado.
Además el planteamiento fue enviado a profesoras formadas con perspectiva de género que hicieron sus observaciones y aunque por diversas razones la Universidad de Guanajuato no lo publicó, ha sido retomado por algunas instituciones.
La doctora Beatriz Marroquín Suárez, dio cuenta de un Estudio exploratorio sobre el acoso en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), en el cual revela que de 521 entrevistadas, de los sectores estudiantil, académico y administrativo, 123 sufrieron hostigamiento en la institución.
De la misma casa de estudios también estuvo la doctora Virginia Jiménez Tuy, quien habló del espacio como un objeto de análisis desde el feminismo que permite visibilizar las desigualdades estructurales y sistemáticas que existen en torno a la movilidad y la seguridad.
A partir de esta idea presentó un mapa interactivo de la USAC en el que se zonificaron 17 áreas y se identificó cuáles son aquellas donde el acoso ocurre con mayor frecuencia, quiénes son las víctimas, quiénes lo perpetran y cuáles son los tipos de hostigamiento que se presentan.
Las doctoras Margarita Elena Tapia Fonllem y Mónica García Contreras, académicas de la Universidad Pedagógica Nacional, hablaron sobre las Estrategias de acompañamiento y solidaridad entre estudiantes ante el acoso y el hostigamiento sexual en esa institución.
La doctora Yalily Ramos Delgado, investigadora de la Universidad de Baja California, presentó el tema Acciones y experiencias en instituciones de Baja California para erradicar vulnerabilidades de las mujeres, mientras que Juan Carlos García Valtierra, profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, ofreció algunos resultados del trabajo Acoso sexual universitario, percepciones y mirada de los hombres.
