Gina Rivara, directora del Refugio Franciscano, y Jaqueline Zúñiga, directora de Nous REDAC A.C., junto con asociaciones de rescate animal y autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, realizaron este jueves visitas a los espacios habilitados para el resguardo de los perros trasladados tras el desalojo del Refugio Franciscano, ubicado en la alcaldía Cuajimalpa, en una jornada marcada por la verificación directa de las condiciones de los animales, manifestaciones de activistas a las afueras de los centros de resguardo y posicionamientos de legisladores locales que exigieron claridad jurídica y la garantía plena del bienestar de los caninos.

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Jaqueline Zúñiga, directora de Nous REDAC A.C. e integrante del comité de apoyo al Refugio Franciscano, informó que durante las visitas se constató que los animales cuentan con agua, alimento, resguardo bajo techo y atención veterinaria, lo que permitió verificar de manera directa su estado físico y las condiciones generales en las que se encuentran mientras continúa la investigación legal relacionada con el predio.

Explicó que, aunque el acceso no fue sencillo en un inicio, la situación se debió a un malentendido que posteriormente fue aclarado, lo que permitió el ingreso para corroborar personalmente la situación de los perros.

Zúñiga señaló que uno de los principales objetivos de las asociaciones es mantenerse presentes de forma constante, dar seguimiento puntual al estado de los animales y evitar la desinformación que se ha generado en redes sociales y en algunos espacios públicos. Indicó que existe preocupación por el uso de denuncias en materia de bienestar animal que, en ciertos casos, se han convertido en herramientas de confrontación entre particulares, alejándose del objetivo central que es la protección de los animales.

Precisó que se prevé una reunión con la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México el próximo lunes, antes del mediodía, en la que participarán integrantes del comité de apoyo al Refugio Franciscano y asociaciones de rescate animal, con el fin de revisar el uso de denuncias en materia de bienestar animal, analizar posibles actos de persecución y plantear modificaciones normativas que eviten conflictos entre particulares y malas interpretaciones de la ley. Añadió que se solicitó que los acuerdos derivados de ese encuentro queden por escrito y que exista claridad sobre las próximas visitas a los distintos puntos de resguardo.

Advirtió que los perros trasladados forman parte de una investigación judicial en curso, por lo que no pueden ser dados en adopción mientras no exista una resolución de un juez, ya que hacerlo implicaría incurrir en un delito.

Señaló que las asociaciones están conscientes de los tiempos legales, pero también de la importancia de evitar que los animales permanezcan durante años en resguardo sin una definición, por lo que se trabaja en alternativas legales que permitan, en su momento, su retorno con sus cuidadores o procesos de adopción responsable y supervisados.

Zúñiga también se refirió al debate público sobre el hacinamiento y las posibles sanciones, y sostuvo que las asociaciones de rescate animal están de acuerdo en una regulación que combata el maltrato real, pero no en la criminalización de la labor de rescate.

Explicó que muchas personas y organizaciones destinan recursos propios, tiempo y esfuerzo para atender animales que ni el Estado ni la sociedad logran proteger, por lo que insistió en que cualquier reforma legal debe distinguir claramente entre maltrato y rescate, e incluir esquemas de acompañamiento, supervisión veterinaria y apoyo institucional.

Por su parte, Gina Rivara, directora del Refugio Franciscano, relató el impacto emocional del reencuentro con los perros trasladados. “Nos encontramos felices de verlos. No saben qué maravilla fue cuando nos vieron, nos abrazaron, nos lengüetearon. Tienen agua, tienen comida, están bajo techo, tienen atención veterinaria. Salimos satisfechos, pero sobre todo el reencuentro entre los franciscanos y su familia, que somos nosotros, fue inenarrable”. <h3>Legisladores supervisan albergues y llaman a asumir responsabilidad institucional</h3>

Durante la jornada, legisladores locales acudieron a los espacios habilitados para el resguardo de los perros trasladados del Refugio Franciscano y coincidieron en la necesidad de que el Gobierno de la Ciudad de México dé certeza jurídica al caso y garantice el bienestar de los animales mientras se resuelve la situación legal del predio de Cuajimalpa.

El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Ciudad de México, Royfid Torres González, señaló que la autoridad no anticipó la complejidad del desalojo del refugio y ahora enfrenta el reto de atender simultáneamente el conflicto jurídico del inmueble y la protección de los seres sintientes que ahí se encontraban.

Tras recorrer la Utopía en construcción del Deportivo Hermanos Galeana, donde se concentran 183 perros trasladados desde Cuajimalpa, indicó que las condiciones actuales requieren seguimiento permanente y que la administración capitalina debe asumir de manera plena su responsabilidad sobre la salud y calidad de vida de los animales.

Royfid Torres González recordó que el bienestar animal ha sido un eje constante en la agenda legislativa de Movimiento Ciudadano en la capital y mencionó iniciativas impulsadas desde el Congreso local, como la Ley Maple y la reforma conocida como “Con quién se queda el perro”, aprobada en la legislatura anterior para dar certeza jurídica a las mascotas en casos de separación de parejas y divorcios.

En tanto, el diputado de Morena, Juan Rubio Gualito también acudió a verificar las condiciones en las que se encuentran los perros trasladados y reconoció el trabajo del personal médico veterinario, de seguridad y de servicios urbanos.

Señaló, a través de sus redes sociales, que varios de los animales presentan antecedentes de abandono, maltrato o problemas de salud, por lo que consideró indispensable mantener los cuidados actuales y avanzar en esquemas que permitan mejorar su calidad de vida. Añadió que cualquier proceso de adopción deberá realizarse conforme a la ley y con supervisión adecuada.