En un giro significativo para su situación legal, la conductora Inés Gómez Mont y su esposo, el abogado Víctor Álvarez Puga, han logrado recuperar el acceso a sus cuentas bancarias después de años de bloqueo. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha instruido a las entidades financieras que eliminen a la pareja de la Lista de Personas Bloqueadas, así lo han dado a conocer varios medios que llevan el caso muy de cerca.
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Esta decisión responde al cumplimiento de un amparo obtenido por la pareja, marcando una victoria parcial en su prolongada batalla legal. El desbloqueo ha generado reacciones encontradas en el ámbito judicial, particularmente críticas por parte de Pablo Gómez Álvarez, actual titular de la UIF.
La pareja enfrenta un complejo entramado legal que comenzó en 2019, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) inició investigaciones en su contra por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las acusaciones señalan su participación en un esquema de desvío de fondos que alcanzaría los tres mil millones de pesos.
Según las investigaciones, estos recursos estarían vinculados a contratos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación. La FGR sostiene que estos contratos utilizaban comprobantes fiscales digitales para simular operaciones y servicios inexistentes.
La gravedad de las acusaciones provocó que en septiembre de 2021 un juez emitiera órdenes de aprehensión contra ambos, desencadenando la emisión de una ficha roja de Interpol para su localización en más de 190 países. Desde entonces, Gómez Mont y Álvarez Puga permanecen fuera de México, alejados del escrutinio público.
El desbloqueo de sus cuentas representa un alivio financiero para la pareja, aunque no modifica su situación jurídica respecto a las órdenes de aprehensión vigentes. Anteriormente, Gómez Mont había enfrentado reveses legales, como la negación de un amparo contra dos órdenes de aprehensión por defraudación fiscal equiparable.
Además de las acusaciones por presunto desvío de recursos, la conductora también enfrenta una demanda por violencia familiar interpuesta por su exesposo, Javier Díaz, padre de cuatro de sus hijos, añadiendo otra capa de complejidad a su ya complicada situación legal.
La Lista de Personas Bloqueadas es un mecanismo preventivo implementado por la UIF para impedir operaciones financieras a quienes son investigados por posible manejo de recursos ilícitos. El descongelamiento de estas cuentas no implica una exoneración de los cargos que enfrenta la pareja, sino el cumplimiento de una resolución judicial específica.
