La Fiscalía General de la República (FGR) negó ayer sábado que exista una “persecución política” contra Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y quien el viernes fue procesado por enriquecimiento ilícito.

Tras la acusación, Guajardo, también exnegociador del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), dijo estar tranquilo y aseguró que presentaría las pruebas de su inocencia.

“Estoy tranquilo (…) las pruebas que acreditan mi inocencia ante esta injusta acusación de la FGR darán testimonio de lo que afirmó (…) no quiero acusar a nadie, pero esto me huele a persecución política”, señaló Guajardo en un posicionamiento dado a conocer el viernes.

En un comunicado, la FGR señaló que Guajardo y su abogado “han llevado a todos los medios, desde este fin de semana, sus criterios y justificaciones sobre el asunto penal que ambos enfrentan”.

Ante ello, la FGR respondió que “son absolutamente falsas las afirmaciones de Guajardo y de su abogado”, en el sentido de que el caso “huele a persecución política”, y de que no se les ha dado acceso a las pruebas.

La Fiscalía recordó que la denuncia de este asunto la presentó la Secretaría de la Función Pública Federal, ante la FGR, el 12 de octubre de 2020.

Mientras que la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), integró la carpeta correspondiente, la cual se le dio a conocer al acusado desde el 8 de marzo de 2020, otorgándole “acceso a todas las pruebas aportadas”, lo cual se ha continuado hasta el día de la audiencia.

La FGR indicó que la acusación principal se refiere a una cuenta del acusado en el extranjero, con un saldo de 8,16 millones de pesos (unos 410.000 dólares) cantidad que él afirma que proviene del repudio que hizo en 2014, de la mitad de un inmueble que fue legado a él y a su hermana.

Al respecto, Guajardo entregó la escritura sobre ese tema en la que “su mitad no corresponde, de ninguna manera, con la cantidad que dice haber depositado por ese origen”.

Además de que en la audiencia, la autoridad judicial le dio una nueva oportunidad para que aportara las pruebas referidas y también para que pidiera el aplazamiento procesal correspondiente, y ninguna de esas opciones fue tomada en cuenta por el acusado.

Ahora, el político del exgobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) deberá firmar de manera periódica y no podrá abandonar el país, según la FGR, que tendrá cuatro meses para la investigación complementaria.

“Durante los años 2014 a 2018 este individuo, como servidor público, probablemente obtuvo un incremento injustificado en su patrimonio, del que no pudo acreditar su legal origen”, dijo la Fiscalía. (EFE)