El operativo del Ejército contra Nemesio Oseguera Cervantes, identificado como “El Mencho”, obedeció al cumplimiento de órdenes de aprehensión vigentes y no a presiones del gobierno de Estados Unidos, luego de que el enfrentamiento derivó en la muerte del dirigente del Cártel Jalisco Nueva Generación, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.

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La mandataria explicó que las fuerzas federales desplegaron la acción para detener al jefe criminal, quien contaba con varias órdenes judiciales en su contra, pero el operativo derivó en un enfrentamiento cuando los militares recibieron agresiones armadas.

“Esta persona tenía una orden de aprehensión o varias, entonces el operativo fue para detenerlo; el problema es que recibieron agresiones la Secretaría de la Defensa Nacional y respondió en el momento.
No se hizo de ninguna manera ni por la presión de Estados Unidos, ni mucho menos”, sostuvo la presidenta al rechazar que el operativo buscara disminuir la presión política del presidente estadounidense, Donald Trump.

Sheinbaum reconoció que el gobierno mexicano utilizó información de inteligencia proveniente de agencias estadounidenses durante el desarrollo del operativo. Sin embargo, indicó que corresponde a la Secretaría de Seguridad y al Gabinete de Seguridad precisar cuáles dependencias participaron en ese intercambio de información.

La mandataria evitó abundar en detalles sobre la coordinación internacional y remarcó que las autoridades responsables informarán sobre los aspectos operativos una vez que se concluya la revisión del caso.

En relación con las consecuencias del operativo, Sheinbaum explicó que hasta el momento se tenía registro de una persona desaparecida, identificada como un chofer obligado a descender de su vehículo durante el desarrollo de las acciones.

La presidenta indicó que no contaba con información actualizada sobre la localización de esa persona y señaló que las autoridades continúan con su búsqueda dentro de las investigaciones abiertas.

Sobre posibles detenciones adicionales, extradiciones o vínculos políticos vinculados con la estructura del CJNG, la mandataria reiteró que la información corresponde al Gabinete de Seguridad y a la Fiscalía General de la República, ya que varios aspectos permanecen bajo investigación.

La presidenta insistió en que la comunicación oficial sobre el desarrollo de la investigación deberá provenir de las autoridades responsables, con el fin de no afectar los procesos en curso ni las líneas de investigación abiertas por las instituciones de seguridad y procuración de justicia.