AIDA RAMÍREZ
Foto: Aida Ramírez
Ante la fuerza brutal y letal de los integrantes de la border patrol o patrulla fronteriza que aplican en contra de los migrantes latinos y, por los que se han contabilizado desde 2010 a 277 migrantes fallecidos, ciudadanas mexicanas migrantes, así como estadounidenses descendientes de mexicanos, convocaron a la campaña “Empieza con Dignidad”.
Ello, con el fin de recabar firmas para presentarlas al gobierno de Joe Biden y que el Congreso de Estados Unidos modifique sus leyes para que los derechos humanos de las personas mexicanas y migrantes sean reconocidos, así como para erradicar la corrupción y el abuso de autoridades en la frontera de sur de la Unión Americana.
Adriana Guerrero, directora ejecutiva de Alliance San Diego, aseguró ser una de los 40 millones de personas descendientes de mexicanos que vive en Estados Unidos, y que tiene miedo de que su propio gobierno la trate mal por sus orígenes, rasgos y su idioma.
Pero también teme, aseguró, de que los derechos de su comunidad sean violados por el mismo gobierno estadounidense “porque no se reconocen los derechos humanos clave, como sí lo hacen otros países como México”.
Lo anterior provoca que cada año la patrulla fronteriza mate a unos mil migrantes y detengan a unas 250 mil, y como en el caso de Marisol García Alcántara se violenten sus derechos -luego de que un policía fronterizo le disparara ocasionando que una esquirla se quedara en su cerebro, negándole la asistencia del consulado mexicano y deportándola con un estado de salud aún vulnerable-.
Así es como el gobierno y los policías de la patrulla fronteriza violentan la Declaración Universal de los Derechos Humanos que cumple 75 años de existencia, dijo Gabriela Rodríguez Clark, representante de la coalición de comunidades en la frontera sur en California, Arizona, Nuevo México y Texas.
Ello, al tiempo de que, Roxana Altholz, codirectora de la clínica legal de Derechos Humanos en la Universidad de Berkeley, California y abogada en el caso de Anastasio Hernández Robles, señaló que en octubre de este año, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), examinará a Los Estados Unidos en este tenor.
