Las democracias modernas enfrentan un desafío cada vez más complejo: cómo proteger a las personas en el espacio digital sin alterar la arquitectura del debate público. La pregunta parece técnica, pero en realidad introduce también un componente político e ideológico, que se expresa de manera distinta según el contexto de cada país.

México, por ejemplo, acaba de ofrecer un ejemplo de ese dilema. La Secretaría de las Mujeres anunció un acuerdo voluntario con tres de las principales plataformas tecnológicas del mundo —Google, Meta y TikTok— para coordinar acciones contra la violencia digital dirigida a mujeres. El convenio busca desarrollar mecanismos de detección, prevención y retiro de contenidos que constituyan agresiones en línea.

El diagnóstico que lo sustenta resulta evidente y preocupante: millones de mujeres enfrentan campañas de hostigamiento digital, amenazas, difusión de imágenes íntimas o acoso sistemático en redes sociales. El entorno digital amplifica la violencia de género con una velocidad y una escala que las instituciones tradicionales apenas comienzan a comprender.

Si bien las democracias necesitan respuestas frente a ese fenómeno, México resulta no ser un buen ejemplo para atajarlo. La especialidad de la autodenominada Cuarta Transformación ha sido, según sus críticos, secuestrar causas sociales para distorsionarlas. La violencia hacia la mujer es una de ellas: se conserva el nombre, pero se modifican sus mecanismos hasta que terminan sirviendo para lo contrario de lo que prometían.

Regular el espacio digital implica intervenir en la infraestructura donde hoy ocurre el debate público. Las plataformas digitales concentran buena parte de la conversación política contemporánea. Cada decisión sobre moderación de contenido, cada protocolo de remoción y cada canal de coordinación entre gobiernos y empresas modifica los incentivos que determinan qué información circula y cuál desaparece.

Tan sólo horas después de firmar el acuerdo, el activista Miguel Alfonso Meza, presidente de la organización Defensorxs y coordinador del proyecto Narcopolíticos, denunció que su cuenta de Instagram fue eliminada. Entre sus publicaciones más recientes estaban las que señalaban a la jueza de Chihuahua Silvia Rocío Delgado de haber sido parte del equipo legal de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Ese tipo de coincidencias retrata el dilema central de la gobernanza digital contemporánea. Después de ser tendencia en redes sociales, el activista logró recuperar su cuenta. Sin embargo, ha sido objeto de persecución institucional luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitiera una resolución en la que lo obliga a disculparse por los señalamientos de quien —gracias a la reforma judicial— hoy es jueza pero antes fue abogada de un líder del narcotráfico.

Con esa misma bandera, la de combatir la violencia hacia las mujeres, las instituciones mexicanas han promovido actos que críticos consideran cercanos a la censura. En agosto de 2025, el Tribunal Electoral de Campeche ordenó a los periodistas Jesús Hubert Carrera Palí, Abraham Martínez Caamal y Carlos Ernesto Martínez Caamal emitir disculpas públicas a la gobernadora Layda Sansores. Otro caso alcanzó al periodista Jorge González Valdez, a quien un juez ordenó cerrar el portal Tribuna y le impuso dos años sin ejercer periodismo.

La organización Artículo 19 ha advertido que la figura de violencia política de género se ha distorsionado y ha sido utilizada en algunos casos en contra de la libertad de expresión. En Tamaulipas, el Instituto Electoral ordenó retirar una columna de Héctor de Mauleón en El Universal en la que advertía los vínculos de Tania Contreras, hoy magistrada presidenta de la entidad, con una red de huachicol. El periodista terminó inscrito por cuatro años en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

La protección de las mujeres en el espacio digital exige instituciones sólidas, criterios claros y respeto a los derechos fundamentales. Sin embargo, el acuerdo firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum también abre un debate sobre los riesgos de que herramientas diseñadas para combatir la violencia terminen influyendo en la libertad de expresión y en la dinámica del debate público.