Durante la conferencia mañanera, se presentaron los avances del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, destinado a pueblos y comunidades indígenas y afrodescendienes.
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Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, explicó la manera en que se distribuirán 123 mil 743 millones de pesos que se destinarán a esas comunidades: “El 10% del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se destinará exclusivamente a obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a la población en pobreza y pobreza extrema, en localidades con alto rezago social”.
Este año, acotó, al Fondo estatal se asignarán 13 mil 500 mdp; al municipal, 95 mil 869 mdp, y a pueblos indígenas, 12 mil 374 mdp. Serán 15 mil 217 comunidades beneficiadas en 27 mil 792 localidades del país. Las asambleas comunitarias en que se decidirá el destino de los recursos se llevarán a cabo del primero al 30 de abril.
Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó la aprobación la reforma constitucional en 2024, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para que todos los pueblos indígenas fueran reconocidos como sujetos de derecho, con patrimonio propio. “Es un cambio radical en la visión de los pueblos originarios, porque por primera vez son reconocidos como tal, además de hacer la ley secundaria, que se pondrá a consulta precisamente con los propios pueblos y comunidades, tal como lo prevé la Constitución”, dijo.
Eso significa, comentó, “que, por primera vez, esos pueblos y comunidades tendrán un presupuesto, que se les entregará directamente. Es decir, los recursos de la Federación que llegan de los impuestos de los contribuyentes, se distribuyen a los estados, a los municipios, al Congreso, al gobierno federal, al Poder Judicial, al INE. Hoy, esa distribución es: al gobierno federal, a los gobiernos estatales, a los municipales y a los pueblos originarios y afrodescendientes”.
Así se ejerce, por ejemplo, el programa La Escuela es Nuestra: a través de una asamblea, la comunidad elige una comisión que va a administrar esos recursos que se usarán en lo que ellos, en asamblea, decidan y que cumpla con los requisitos presupuestales
