Ante la polémica generada por el artículo 109 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la presidenta Claudia Sheinbaum garantizó que éste quedará fuera de la iniciativa de reforma legislativa, pero sí quedará fija la prohibición para que cualquier gobierno extranjero compre espacios para difusión de propaganda política.

“Ese artículo que generó confusión se elimina por completo, pero se establece que ningún gobierno extranjero puede hacer propaganda ideológica en México, propaganda pagada”, subrayó la mandataria este miércoles durante su encuentro con la prensa en Palacio Nacional.

Cabe recordar que esta propuesta enviada al Congreso mexicano se generó después de que la administración Trump pagó tiempo a televisoras de cadena nacional, con el propósito de transmitir un mensaje en horarios de altas audiencias. Ese mensaje fue protagonizado por la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, y en él lanzó una amenaza a los migrantes, a quienes criminaliza de manera general.

En ese sentido, Sheinbaum sostuvo que “cualquier gobierno del mundo, como el de Estados Unidos”, puede difundir en sus plataformas oficiales cualquier tipo de comunicación o boletín, y estos pueden verse en México. “Sin embargo, el tema es que no se puede pagar un comercial de propaganda ideológica y política de un gobierno extranjero. Al contrario, si van a promover un lugar turístico, una actividad cultural o deportiva, entonces no hay problema. Y eso se deriva, sabemos, de lo que ocurrió de este anuncio que indignó al pueblo de México”.

La iniciativa de la Ley en Telecomunicaciones, agregó, también busca resolver la creación de un organismo antimonopolio y dictará cómo se redefinirán las labores del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que ya fue extinguido.

Asimismo, resaltó se le da una oportunidad de sobrevivencia de las radios comunitarias, particularmente porque existen en las comunidades indígenas, “pero, por primera vez, se les está dando todo lo que no se les había dado”.

Además, acotó, “se recuperan derechos que en la reforma de 2014 fueron eliminados, como el derecho de las audiencias, a fin de que exista un defensor de estas en donde los consumidores puedan quejarse de contenidos o excesos”.

Sin censura y con conectividad

Por su parte, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Merino, explicó que el propósito de estas modificaciones legislativas consiste en cerrar las brechas de acceso en zonas marginadas, reducir el costo del servicio, y permitir que tanto operadores públicos como comunitarios puedan ofrecer conectividad con mayor equidad.

Además, insistió: “Aquí no hay censura, al contrario. (Esta es) una ley que promueve la conectividad, que promueve que más personas puedan usar datos y manifestar sus ideas y usar redes. Es una ley que claramente va en el sentido contrario entonces, pero para que no haya ningún espacio de duda o malentendido, se elimina (la modificación al artículo 109)”.

Según los datos presentados por Merino, al menos 10 millones de personas viven en zonas sin cobertura 4G, y otras 4.4 millones lo hacen en zonas con señal, pero no pueden costear el servicio. “En total, unos 15 millones de personas en México permanecen desconectadas”.

En comparación con otros países, detalló, “México tiene el precio más alto por gigabyte (5.22 dólares), seguido de Sudáfrica (4.18), Colombia (3.56), Turquía (3.4) y Brasil (2.88 dólares), entre otros. Nuestro país, aseguró, “no ha visto una caída en el precio de este servicio, pero sí ha crecido la penetración, aunque lentamente: el porcentaje de hogares con internet ha sido lento en comparación con las naciones mencionadas”.

Durante la administración anterior, afirmó, hubo un avance “muy importante” en cuanto a la instalación de infraestructura pública social para dar conectividad a zonas que no la tenían: “De 2018 a 2024 pasaron de 13 mil a 141 mil localidades conectadas a través de una red pública, lo que significó que se pasara de 40 millones de personas a 97 millones de personas con acceso a la conectividad”.

Aun con ello, aseguró el funcionario, “hoy 92% de la población vive en zonas con cobertura y gastan al mes, en promedio, 721 pesos por este servicio, aunque el 10% de los hogares más pobres gastan 247, lo que representa casi el 6% de su ingreso. Y esta es precisamente una de las razones de los cambios en la ley de telecomunicaciones (que puedan conectarse a menos costo)”.

Esta es una ley, sostuvo, “para conectar a todas las mexicanas y mexicanos, y gradualmente (se aplicará) a medios públicos y privados; esta ley proporciona el marco normativo que justamente permitirá llegar a una meta de conectividad, en donde no excluya a esos 15 millones de mexicanos del acceso a internet”.

Para concluir, Merino reiteró que la reforma implica la separación de funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Las tareas de regulación de telecomunicaciones permanecerán en el IFT, mientras que la competencia económica pasará a una nueva Comisión Antimonopolio dependiente de la Secretaría de Economía.

Al respecto, declaró: “Se va a separar la autoridad de telecomunicaciones… y aparte el tema de competencia económica, que se iría a la nueva Comisión antimonopolio que estaría en la Secretaría de Economía. Entonces no es una iniciativa de ley que concentre más atribuciones, de hecho, al contrario, separa las dos atribuciones: cobertura para el regulador de telecomunicaciones y competencia para la Comisión antimonopolio; que, además, esperamos por supuesto tenga un efecto en una caída de precio de servicios que no se ha observado en los años recientes”.