EDUARDO VIZCARRA
Foto: Héctor Vega
CIUDAD VICTORIA.- Con el secretario de Administración, Jesús Lavín Verástegui, iniciaron las comparecencias de titulares de secretarías del Estado ante diputados de la 65 legislatura local.
Lavín Verástegui, denunció que detectaron un faltante de 30 millones de pesos en el ejercicio fiscal de la administración anterior que presidió Francisco García Cabeza de Vaca.
Además señaló también irregularidades en contratos simulados con empresas por servicios que nunca se prestaron.
Ante esas denuncias legisladores de Acción Nacional trataron de irrumpir la comparecencia del secretario de administración sin embargo el presidente de la mesa directiva diputado Isidro Vargas, logró poner calma en la bancada panista.
Más tarde en conferencia de prensa, Lavín Verástegui, lamentó la situación crítica que padece el fondo de pensiones del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET) toda vez que se omitieron pagos de la administración estatal del 2010 al 2016 .
“La solvencia financiera del Instituto es hasta el 2024, es una situación bastante compleja por la cual atraviesa el IPSSET porque desde hace varios años prácticamente no aportaban tanto el gobierno del estado como los trabajadores y hubo un periodo donde solo aportaba el trabajador y luego hubo otro periodo no aportaba ni gobierno ni aportaba lo que le retenía el gobierno al trabajador no se lo aportaba al IPSSET pues tronaron el Instituto”, preciso.
Dijo que el gobernador Américo Villarreal recibió una administración gubernamental con graves deficiencias y problemáticas importantes; parque vehicular sin localizar y en mal estado, sin medicamentos, con altas compensaciones, gastos innecesarios y que favoreció el enriquecimiento ilícito de unos cuantos proveedores.
Lavín Verástegui reconoció que se detectaron 89 casos de servidores públicos que no se encontraban en su área laboral, se otorgaron bases sindicales a personal sin ningún derecho y en algunos casos, a quienes apenas tenían meses o semanas en el Gobierno, también se había autorizado el funcionamiento de casas financieras que cobraron hasta 100 por ciento de intereses en los préstamos a los burócratas; había deficiencia en las compras del gobierno y no se tenía un control estricto de los contratos.
Otra de las irregularidades detectadas, dijo Jesús Lavín, fue el otorgamiento de altas compensaciones económicas que excedían al tabulador existente, así como la contratación de intermediarios para desarrollar sistemas que podría haber realizado el propio personal de la dependencia, además de la falta inexplicable de mobiliario y equipo de cómputo y la sustracción de expedientes.
