La Cámara de Diputados analiza reformas legales para acotar los abusos en el sistema de Buró de Crédito, que concentra la información sensible de más de 27 millones de personas entre 18 y 70 años, según datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera.

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La diputada Azucena Arreola Trinidad presentó una iniciativa que busca reducir de seis años a 10 días hábiles el registro de la deuda en los llamados burós de crédito o Sociedades de Información Crediticia, una vez que la o el deudor hizo el pago correspondiente.

“Estas empresas privadas que manejan datos personales, los almacenan por años y emiten reportes unilaterales sobre el historial crediticio de las personas, incluso cuando ya se han cubierto las obligaciones crediticias”, señaló.

Precisó que cuando las personas tienen algún retraso en sus pagos, aun cuando ya hayan pagado su deuda, los reportes crediticios de los burós de crédito se vuelven una marca negativa, una forma de discriminación financiera, sin que exista sentencia judicial de por medio o un reclamo del acreedor.

“Esto es especialmente grave cuando has pagado tu deuda, toda vez que los reclamos extrajudiciales o jurisdiccionales entre un deudor y un acreedor se terminan con el pago del crédito. Así lo establece la ley”, sentenció.

La legisladora de Morena detalló que los burós de crédito concentran información sensible de más de 27 millones de personas entre 18 y 70 años, según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, por lo que las deudas con bancos, tiendas departamentales y compañías telefónicas y otros prestadores de servicios se convierten en cadenas perpetuas para quienes buscan oportunidades de crédito para el desarrollo.

En ese sentido, la legisladora chiapaneca propuso reformar el artículo 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, en materia de disminución del tiempo que estén las y los clientes en el buró de crédito.

Arreola Trinidad aseveró que la iniciativa busca eliminar del historial crediticio el estigma financiero, que asocia a una persona física o moral con características indeseables, resultando en una disminución de su prestigio social y, a menudo, en discriminación.

Es decir, anotó, se pone fin a la percepción social de que los burós de crédito imponen un castigo sin juicio, incluso basados en información inexacta o desactualizada, limitando el acceso a servicios financieros sin un debido proceso judicial formal.

Además, se estimularía con esta reforma la cultura de pago, toda vez que se pone fin al estigma por estar registrado con un historial negativo, dificultando el acceso a créditos, hipotecas e incluso, en algunos casos, a oportunidades de empleo o vivienda, lo que genera exclusión social y financiera.