Debo reconocer que, a diferencia de otros temas del sector eléctrico que forman parte de mi experiencia directa a lo largo de décadas, el caso específico del carbón me ha obligado (como ocurre cada vez más) a revisar información reciente, contrastar cifras y apoyarme en fuentes actualizadas. No porque sea un tema menor, sino precisamente porque su relevancia ha cambiado: de ser un pilar del sistema eléctrico, ha pasado a ocupar un papel cada vez más reducido, aunque todavía significativo.

En México, el carbón utilizado para generación eléctrica proviene fundamentalmente de la cuenca de Sabinas, en Coahuila. Se trata de un carbón de calidad media a baja, con limitaciones en poder calorífico. La producción nacional, además, es insuficiente para sostener la operación de todo el parque carboeléctrico, por lo que ha sido necesario recurrir a importaciones, principalmente de Estados Unidos y Colombia, en particular para abastecer a la central de Petacalco, mientras que las centrales de Río Escondido operan principalmente con carbón nacional.

El sistema eléctrico nacional cuenta hoy con tres complejos carboeléctricos principales. En Coahuila, las centrales Carbón II (del orden de 1,400 MW) y José López Portillo, en Río Escondido (alrededor de 1,200 MW), operan fundamentalmente con carbón nacional. Por su parte, la central Plutarco Elías Calles, en Petacalco, Guerrero, con una capacidad cercana a los 2,100 MW, depende en gran medida de carbón importado y se mantiene como la mayor central de este tipo en América Latina.

En conjunto, estas instalaciones suman del orden de 4,700 MW de capacidad instalada, lo que representa aproximadamente entre el 6 y el 7% del total nacional. Sin embargo, su contribución a la generación eléctrica es mayor en términos relativos —típicamente entre el 10 y el 15%—, lo que refleja un mayor nivel de utilización de estas centrales frente a otras tecnologías del sistema.

Este desfase entre capacidad instalada y generación efectiva refleja una realidad que no puede ignorarse: el carbón ha dejado de ser la columna vertebral del sistema eléctrico mexicano. Factores económicos, ambientales y tecnológicos han reducido su papel, desplazándolo progresivamente frente a opciones más competitivas y menos intensivas en emisiones.

Y sin embargo, el carbón no desaparece. Persiste. No sólo por razones técnicas, sino también por consideraciones económicas y sociales, particularmente en regiones como Coahuila, donde su explotación sigue siendo un sustento relevante.

Ahí es donde el análisis deja de ser únicamente técnico para volverse inevitablemente político. Su permanencia no responde principalmente a criterios de eficiencia económica, sino a inercias institucionales y decisiones de política pública.

Tampoco resiste un análisis ambiental serio. No se trata únicamente de CO₂, sino de partículas, de óxidos de azufre y de impactos locales en salud que rara vez se incorporan en la discusión eléctrica, como si la generación fuera un ejercicio aislado del entorno que la rodea.

Y sin embargo, el argumento de la confiabilidad sigue apareciendo como justificación recurrente. Aquí conviene ser cuidadosos: una central carboeléctrica no es, por definición, garantía de confiabilidad, aunque sí puede aportar potencia firme. Su rigidez operativa, sus tiempos de arranque y sus limitaciones técnicas la colocan en desventaja frente a tecnologías más flexibles. Otra cosa es que el sistema necesite potencia firme; pero eso es un problema de planeación, no una virtud intrínseca del carbón.

Entonces, ¿por qué sigue ahí?

Porque el carbón en México no es sólo un combustible: es una decisión política. Sostiene empleos, regiones completas y equilibrios locales de poder. Y en ese terreno, los criterios técnicos suelen pasar a segundo plano.

El problema es que el sistema eléctrico no opera con discursos, sino con realidades físicas y económicas. Y en ese terreno, el carbón (más temprano que tarde) tendrá que enfrentar una pregunta incómoda: si no es limpio y si tampoco es especialmente flexible, ¿cuál es exactamente su papel en el futuro del sistema eléctrico? Difícilmente puede competir con el gas natural en condiciones normales, más allá de argumentos como la diversificación de la matriz energética o la seguridad energética.

Pero hay algo aún más incómodo: mantener artificialmente al carbón dentro del sistema tiene un costo de oportunidad. Cada megawatt-hora generado con carbón es un espacio que no ocupa una tecnología más eficiente, más limpia o más flexible. Y ese costo no siempre se refleja en los balances financieros, pero sí en la competitividad del sistema eléctrico en su conjunto.

Peor aún, se genera una discusión engañosa: se defiende al carbón en nombre de la soberanía energética, cuando en realidad una parte relevante del combustible (particularmente en Petacalco) es importado. Es decir, ni es tan nacional, ni es tan estratégico, ni es tan barato.

Y mientras tanto, el sistema eléctrico mexicano sigue postergando decisiones de fondo: inversión en flexibilidad, modernización de redes, almacenamiento y mecanismos de mercado que reflejen realmente los costos y beneficios de cada tecnología.

El carbón no es el problema central. El problema es lo que su permanencia está evitando que se discuta.

A escala global, el carbón mantiene un peso relevante en la generación eléctrica: del orden del 60–65% en China, cerca del 70% en India, mientras que en Estados Unidos ha descendido a niveles del orden del 15% y en Rusia se mantiene en torno al 15–17%. Esta persistencia lo convierte en uno de los principales contribuyentes a las emisiones de gases de efecto invernadero del sector eléctrico, con impacto directo en el calentamiento global y el cambio climático.

En ese contexto, México no es una excepción, sino parte de una transición energética global todavía incompleta: el carbón pierde terreno, pero no desaparece. La diferencia es que, en nuestro caso, su permanencia no se explica por su fortaleza técnica, sino por la dificultad de tomar decisiones de fondo.