La primera elección judicial en la historia de México prometía limpiar al Poder Judicial de sus viejos vicios. Transparencia, rendición de cuentas, cercanía ciudadana. Eso se dijo. Pero lo que está ocurriendo en pleno proceso electoral es otra cosa: un proceso viciado, desordenado, y ahora, según denuncias recientes, infiltrado por perfiles con vínculos criminales. Lo que se prometió como el antídoto contra la corrupción terminó convirtiéndose en su puerta trasera.
CANDIDATOS BAJO SOSPECHA
El 30 de abril, la organización civil Defensorxs presentó ante el INE cuatro denuncias contra once candidatos judiciales, acusados de tener nexos con el crimen organizado. Entre los señalados hay desde exabogados de capos como el Z40 hasta aspirantes ligados a la secta político-religiosa La Luz del Mundo. No estamos hablando de rumores en redes sociales, sino de denuncias formales con pruebas documentales. Aun así, los nombres están en la boleta. Y los candidatos siguen en campaña.
FILTROS DE PAPEL
La respuesta del oficialismo fue una mezcla de minimización y evasivas. La presidenta Sheinbaum alegó que eran “muy poquitos”. Gerardo Fernández Noroña reconoció que “se nos fueron algunos”. Pero tanto la Presidenta, como los coordinadores Adán Augusto y Ricardo Monreal, avalaron las listas de los comités. ¿No sabían? Las entrevistas de tres minutos y la revisión exprés de perfiles mostraron sus límites. La reforma pretendía abrir la justicia al pueblo, pero abrió la puerta a los oportunistas. Y en un proceso sin controles financieros ni fiscalización clara, quien tenga dinero y redes de poder, tiene ventaja.
EL RIESGO REAL
México está ante un riesgo que ya no es hipotético: que jueces, magistrados y ministros lleguen al cargo con respaldo de cárteles, sectas o redes clientelares. Si eso ocurre, no solo se corrompe la justicia. Se institucionaliza el crimen. La autoridad electoral puede retirar candidaturas. Pero está atrapada entre el calendario, la presión política y la falta de voluntad. Mientras tanto, organizaciones civiles hacen el trabajo que no hicieron los comités de evaluación.
El discurso oficial insiste en que la reforma es un paso histórico hacia la democracia judicial. Pero lo histórico podría ser el error. No hay precedentes en el mundo de una elección masiva de juzgadores por voto popular con tan pocos filtros. Se prometió que la ciudadanía elegiría a los mejores. Pero si no se asegura probidad, imparcialidad y trayectoria, lo que se elige es justo lo contrario. México merece perfiles con alta calificación y conducta ética. La realidad es otra: biografías con antecedentes de abuso, crimen o servilismo político.
EL PRECIO DE NO ESCUCHAR
Hoy estamos a tiempo. Las autoridades electorales pueden intervenir para enmendar el error de Morena. Pero si el proceso sigue adelante sin consecuencias, el daño no solo será institucional. Será moral. La justicia no se arregla entregándola al mejor postor. Ni se democratiza llenándola de infiltrados. Se construye con mérito, vigilancia y responsabilidad. Justo todo lo contrario a la reforma judicial.
Si no hay reacción con firmeza, cada juez ligado al crimen será una prueba de que la ‘4T’ perdió el control de lo que más decía defender: la justicia.
EL DATO INCÓMODO
Por cierto, la Secretaría de Hacienda presentó el primer informe trimestral de ingresos, gastos y deuda de 2025. Con corte a marzo, el saldo histórico de la deuda (SHRFSP) alcanzó los 17.6 billones de pesos. Cifra récord.
En diciembre de 2018, cuando López Obrador asumió el poder, la deuda era de 10.4 billones. La diferencia supera los 7 billones. Hoy cada mexicano tendría una deuda de más de 135 mil pesos por esto.
