Los gobiernos suelen elegir un adversario para explicar el conflicto político. López Obrador llamó “conservadores” a sus críticos. Claudia Sheinbaum optó por la “ultraderecha”.
La figura funciona para movilizar a su base, simplificar debates y reforzar la idea de “unidad contra un enemigo externo”.
Pero mientras la atención se centra en ese adversario discursivo, hay amenazas mucho más concretas para la vida pública del país: el crimen organizado y la corrupción.
Ninguno de los dos aparece en los discursos oficiales con la frecuencia ni la claridad necesarias, aun cuando afectan de forma directa la seguridad, la economía y la gobernabilidad.
UN ENEMIGO INVENTADO
En semanas recientes, Sheinbaum advirtió sobre “grupos de ultraderecha” que buscarían desacreditar al gobierno, pidió no permitir “intervenciones extranjeras” e incluso ordenó varias investigaciones sobre cuentas de redes sociales.
Sus declaraciones recuerdan el estilo de López Obrador: crear un “ellos” que sirve para cohesionar al “nosotros”. Para sus simpatizantes es una explicación sencilla sobre el origen de las críticas.
Hoy se habla de influencias hipotéticas, pero en el país operan actores que sí tienen capacidad de dañar comunidades completas y desestabilizar regiones enteras.
EL NARCO IMPUNE
El caso más evidente es Sinaloa. Desde hace más de un año vive una guerra interna. El saldo lleva miles de personas asesinadas y desaparecidas. Culiacán ha pasado periodos con escuelas vacías, bloqueos armados y comercios cerrados.
Ni miles de soldados desplegados han logrado frenar la violencia. El propio gobierno reconoce que el cártel no ha sido desmantelado.
En Michoacán la situación no es distinta. El asesinato del alcalde Carlos Manzo abrió una herida que no cerrará: un edil que denunció complicidades locales y federales fue asesinado en público, a plena vista. Su muerte dejó claro que incluso figuras con protección federal pueden ser blanco del crimen. El mensaje para personas valientes fue directo.
EL HUACHICOL SIGUE
El huachicol fiscal, que implica contrabando de combustibles y evasión de impuestos, le costó al país miles de millones de pesos que pudieron usarse en hospitales o escuelas.
En este año se hizo pública una red operando desde aduanas de la Marina en Altamira, Tamaulipas. Mandos de seguridad estaban coludidos para dejar entrar combustible ilegal y permitir que cárteles utilizaran la infraestructura del Estado. Esto compromete no sólo a delincuentes, sino a funcionarios.
LA CORRUPCIÓN NO PARA
Las filtraciones que provocaron la caída del fiscal Alejandro Gertz Manero incluían expedientes sobre La Barredora, una organización criminal operando en Tabasco con protección del gobierno. El exsecretario de Seguridad de esa entidad estaba implicado. El caso rozó políticamente a Adán Augusto López. Hasta hoy, no ha sido llamado a declarar.
Esas filtraciones también apuntan a Andy López Beltrán, hijo de AMLO, mencionado en expedientes relacionados con huachicol fiscal. La respuesta oficial se limitó a descalificar las acusaciones sin profundizar en ellas.
A esto se suman desvíos detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en gobiernos como los de Cuitláhuac García y Cuauhtémoc Blanco por cientos de millones de pesos, principalmente en salud. Ninguno enfrenta consecuencias políticas reales.
NO OLVIDAR
Si el gobierno quiere hablar de enemigos, ahí están a plena luz del día. Los que asesinan alcaldes, desaparecen personas, controlan aduanas, financian campañas con dinero ilegal o encubren desvíos desde el poder.
México necesita menos fantasmas ideológicos y más voluntad para enfrentar a los criminales y a quienes los protegen.
EL DATO INCÓMODO
Sheinbaum celebró la encuesta que la coloca con alta popularidad, pero evitó los otros datos de El Financiero: 49% desaprueba cómo manejó el caso Carlos Manzo y 48% evalúa mal su actuación ante las marchas de la generación Z.
