En la reciente discusión fiscal en el Senado, volvió un tema que parecía enterrado: el Fondo Minero. La senadora Geovanna Bañuelos, del PT, propuso restablecerlo para que los municipios donde se extraen los recursos naturales recuperaran una parte de esa riqueza.
Su reserva fue rechazada por apenas seis votos de diferencia. Con ese resultado, el Fondo Minero murió… otra vez.
EXTRAER Y RETRIBUIR
Creado en 2014, el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros surgió con la idea de que parte de los impuestos pagados por las empresas regresara a las comunidades donde se extraen los minerales.
El 80% de esos recursos se destinaba a estados y municipios mineros y se invertía en infraestructura, salud, educación y medio ambiente.
Entre 2014 y 2018 financió más de 18 mil millones de pesos en obras: pavimentación de calles, clínicas rurales, plantas de tratamiento, alumbrado público, parques y escuelas en más de 600 municipios, en estados como Zacatecas, Sonora, Durango, Chihuahua y Coahuila.
A pesar de señalamientos de corrupción, en muchas comunidades fue el primer programa que dejó beneficios visibles por la minería.
EL GOLPE
En 2019, el gobierno de López Obrador ordenó eliminar el fondo con el argumento de opacidad y corrupción. En 2020, el fideicomiso que lo administraba fue extinguido junto con otros 108.
Los recursos pasaron a la Tesorería y, desde entonces, se canalizan sobre todo al programa La Escuela es Nuestra. La intención oficial fue centralizar el dinero y evitar desvíos.
El resultado, sin embargo, fue que los municipios mineros se quedaron sin apoyo directo.
Gobernadores y alcaldes de estados mineros advirtieron el golpe. Coahuila dejó de recibir más de mil 200 millones de pesos y, en Zacatecas y Sonora, decenas de obras quedaron inconclusas.
Hoy, las comunidades que antes pavimentaban o equipaban escuelas con el fondo dependen de partidas federales generales, mucho menores y más discrecionales.
DINERO QUE YA NO REGRESA
Las empresas mineras siguen pagando el derecho especial sobre minería, pero el dinero ya no se queda en las regiones de origen. Del total recaudado, 85% va a la SEP, 5% a Economía y 10% a la Tesorería.
Es decir, la renta minera se diluye en programas nacionales y ya no existe un mecanismo que garantice que los municipios mineros reciban su parte. Por eso, cada año surgen intentos por revivir el Fondo.
La iniciativa de Bañuelos fue la más reciente, pero ya van varios intentos fallidos desde 2020. Senadores de oposición y legisladores de Morena de estados mineros han pedido restablecerlo. La industria también lo exige: la Cámara Minera de México (Camimex) recuerda que las empresas pagan esos recursos y no saben en qué se usan.
LECCIONES
Otros países muestran que sí se puede repartir la riqueza minera. En Perú, el Canon Minero transfiere la mitad del impuesto sobre utilidades a gobiernos regionales y municipales.
En Ghana, un fondo legal destina parte de las regalías directamente a proyectos comunitarios. El principio es el mismo: que el subsuelo deje algo al suelo.
El Fondo Minero fue una política pública que funcionó, pese a sus errores, y generó beneficios sociales mediante la minería. Su eliminación dejó vacíos que ningún programa ha llenado.
EL DATO INCÓMODO
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