GABY SALIDO

Según la Ley, el Gobierno de la CDMX tiene objetivos y fines claros: garantizar los derechos reconocidos por la Constitución y generar condiciones para que la ciudadanía cubra sus necesidades básicas; sin embargo, esta administración ha hecho algo más: usar instituciones públicas para satisfacer las convicciones y vocaciones de quien despacha en el Palacio del Ayuntamiento.

A 4 años de este Gobierno y en el marco del informe, han quedado claras las prioridades de la Jefa de Gobierno; ninguna de ellas es la ciudadanía o el respeto a la Ley, ni se diga a los otros poderes o instituciones del estado.

Mientras sigue el ejemplo del Presidente culpando a las administraciones anteriores, también emprendió desde campaña una “lucha” contra el llamado “boom inmobiliario voraz” que había arrasado con la ciudad; pero muchos nos preguntamos si esa lucha es auténtica o es una simulación, y explico por qué:

Siempre se ha aprovechado de la mínima oportunidad para impulsar el desarrollo inmobiliario; lo vimos antes de la pandemia, cuando hizo ajustes a los Acuerdos de suspensión de la Norma 26 de manera pausada, hasta que en agosto de 2021 envió una reforma al Congreso para reactivarla nuevamente; lo mismo pasó con la publicación de los llamados corredores inmobiliarios que ahora considera un Programa Especial de Vivienda.

Los ejemplos no paran ahí, durante la pandemia señaló que la construcción era una actividad prioritaria y por lo tanto no se detendría; después comenzó una serie de Acuerdos para dar facilidades administrativas y permitir más construcciones sin siquiera contar con los permisos necesarios, dando un plazo para regularizar los documentos.

Con el argumento de erradicar la corrupción, restó facultades a las Alcaldías para centralizar funciones y reducir prácticamente a una oficialía de partes a estos gobiernos cercanos a la gente, enviando oficios donde dan instrucciones de no interferir en el sector inmobiliario, pues en SEDUVI se entregan los expedientes de los desarrollos.

Tomo como bandera la reactivación económica y turismo para gestionar desde el propio Gobierno de la Ciudad, cambios de uso de suelo para hotel.

Consideró también que la economía tendría impulso si se otorgaban certificados por reconocimiento de actividad, pero no para todos los giros, lo que ha generado condiciones desiguales para negocios de bajo impacto.

Usó como pretexto la simplificación Administrativa y reducción de trámites para el sector restaurantero, cuando realmente concedió certificados de uso de suelo a negocios de impacto vecinal que han operado así por 5 años o más.

Así podría continuar la lista de como en toda la administración se han movido sus fichas a conveniencia, colocando operadores inmobiliarios en lugares estratégicos ¿uso de suelo ‘exprés’ para funcionarios de gobierno federal? ¿Decretazos que restan facultades al legislativo? La que sí puede celebrar #EsClauidia, pues en este 4º informe ha superado por mucho a sus antecesores en el cargo, pues no se equivoca en decir que la honestidad da resultados:

• Honestamente, es voraz el desarrollo inmobiliario, a pesar de justificarlo con la reactivación económica;
• Honestamente sí hay opacidad en los trámites, aunque se argumenta la simplificación administrativa;
• Honestamente hay nepotismo, donde hay facilidades administrativas;
• Honestamente, se quitan facultades a los alcaldes aunque se diga que para evitar la corrupción se centralizan funciones.

Hoy merece un premio a la constancia, si en algo ha insistido esta administración, es en jugar al gran desarrollador urbano; pues siguiendo su verdadera vocación, con el argumento de cubrir el déficit de vivienda, pretende convertirse a mediano y largo plazo en corredor y gestor inmobiliario, adquiriendo y rentando inmuebles que serán todo menos incluyentes.

Diputada Congreso CDMX