Las reformas propuestas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador que prohíben la venta de vapeadores en nuestro país, permitieron que el mercado de ese producto quedara en manos del crimen organizado que ahora es el que trafica y vende sin controles sanitarios y sin pagar impuestos estos productos.

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Así acusaron expertos y legisladores quienes señalan que tanto en México, como en el extranjero se ha destacado la gravedad de esta reforma que coincidió, para favorecer a los cárteles, con la política de “abrazos y no balazos” para los criminales que ahora controlan la venta de vapeadores, subrayó el coordinador de los senadores priistas, Manuel Añorve.

En este mismo sentido, observó que según el diario estadounidense USA Today, la prohibición constitucional mexicana que prohíbe la compra-venta de vaporizadores constituye un claro ejemplo de cómo las autoridades de un país pueden otorgar al crimen organizado una lucrativa oportunidad de contrabando, con graves consecuencias económicas, fiscales y sociales, haciendo realidad este año el llamado “mercado negro”.

Y es que, la decisión de Morena en el Congreso de la Unión obliga a consumidores a adquir ese tipo de productos por medio de redes de distribución de los cárteles, significando otra fuente de ingresos para el crimen organizado.

“México no puede combatir a estas organizaciones criminales con una mano y, al mismo tiempo, facilitar su financiamiento con la otra. No tiene sentido”, asevera el artículo publicado en el diario.

Cabe recordar que el mercado negro se puede intensificar, luego de que en agosto pasado, la bancada de Morena en el Congreso de Ciudad de México anunció que ya prepara la armonización de la legislación local para prohibir el uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos.

El diputado morenista Alberto Vanegas Arenas explicó que ya se analiza la iniciativa que presentó para armonizar la legislación local con lo aprobado a nivel federal.

La reforma al artículo 9 de la Constitución local para prohibir vapeadores y cigarrillos electrónicos y armonizar la ley federal que se discutió y aprobó en diciembre pasado es una de las prioridades de la bancada.

Además, dijo, se modifica la Ley de Salud de la Ciudad de México para garantizar el derecho de protección a la salud de las personas, sancionando toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos que señale la ley.

Datos del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México revelan que el mercado de los e-cigarrillos en México alcanza un valor estimado de 26 mil millones de pesos anuales, que prácticamente equivale a algún programa federal, con lo que la recaudación está perdiendo por el IEPS, seis mil 900 millones de pesos al año, casi 30 por ciento del presupuesto destinado a Jóvenes Construyendo el Futuro.

Cabe señalar que 6.0% de la población adulta usa vapeadores, unos cinco millones de personas. Y casi la mitad de quienes lo hacen regularmente tiene entre 25 y 34 años, según una encuesta realizada en septiembre de 2024.