Angélica de la Peña
Las reformas contenidas en lo que se conoce como Plan B son un peligro para la democracia; su cometido es perjudicar a una de las Instituciones autónomas más consolidadas y con mayor prestigio en el mundo, y como una carambola, se busca manipular los resultados electorales al arbitrio del autor de ese Plan B: el Presidente López Obrador. Y si se afecta a la institución que hemos construido para dar certeza a las elecciones, también se dañará toda la vida de las y los mexicanos.
Arribaremos a un estadio de vida con lo peor de la sociedad controlando el poder público: el fanatismo incondicional hacia el líder máximo.
Más de 30 años de batallar para quitarle al gobierno su control de las elecciones, y hoy se quiere tirar por la borda esa hazaña, usando el antifaz falaz de que esa Institución autónoma es muy cara y la manejan los conservadores.
Pero lo que las ciudadanas y ciudadanos sabemos es que al lesionar a los órganos del Instituto Nacional Electoral, también se atentará contra las garantías que aseguran los derechos civiles, políticos y electorales de todas las personas, y de manera especial los derechos que hemos logrado las mujeres no solo para emitir de manera libre el voto, sino para ser votadas en condiciones de igualdad respecto a los hombres. También se afectará a otros grupos sociales que integran la gran diversidad social y cultural de la sociedad mexicana; en particular se interrumpirá el proceso de integración de los pueblos indígenas, en especial, de las mujeres indígenas, quienes son las discriminadas de las discriminadas.
Usted se imagina cómo puede asegurarse la buena organización de una elección federal si se desaparecen las 300 juntas distritales, se acortan los tiempos de capacitación de las y los funcionarios de casilla, el riesgo de que las casillas se instalen en oficinas de gobierno; o que las 32 Juntas Locales sean disminuidas?
Se afectará el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, su depuración, así como las actividades de los Módulos de Atención Ciudadana. La trascendencia de la afectación de la estructura electoral del INE en todo el país será brutalmente afectada, igualmente la estructura central, su Junta de Gobierno, por ejemplo darle atribuciones inconstitucionales al Órgano Interno de Control. 84% de funcionarios dejarán sus cargos, es decir, desaparecerá el Servicio Profesional Electoral Nacional, cuya función ha sido reconocida a nivel internacional como una de las mejores prácticas de un organismo electoral. Con órganos electorales débiles, los recursos negros de las mafias serán la pauta de la competencia electoral.
El Presidente López Obrador con estas reformas se está convirtiendo en el peor enemigo de la democracia. Trastocar las funciones del Instituto Nacional Electoral tiene como fin controlar el resultado de las votaciones del 24. Sabe que los desaciertos de su gobierno ha elevado la inconformidad social, y también sabe que si la Oposición se une con las organizaciones de la sociedad civil, como es previsible, le significarán un real riesgo de perder.
Qué sigue? En lo inmediato que las acciones de inconstitucionalidad contra el Plan B cuando sea aprobado, sean dirimidas y resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También es necesario que cada vez más electoras y electores se apresten a poner un hasta aquí, a quienes están votando contra el voto libre y secreto.
