En una decisión tan sorpresiva como ofensiva para miles de familias enlutadas, la presidenta Claudia Sheinbaum ha nombrado a Hugo López-Gatell como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud. El mismo López-Gatell que, como subsecretario de Salud, protagonizó una de las gestiones más erráticas y politizadas de la pandemia de covid-19. El mismo funcionario que, en nombre de una lealtad mal entendida, subordinó la evidencia científica a las conveniencias políticas del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
Su nombramiento ha reavivado un dolor que parecía empezar a encontrar espacio para el duelo. Porque no se trata solamente de una figura pública con malos resultados: se trata de un actor clave en decisiones que costaron vidas. Decenas de miles de muertes podrían haberse evitado con una estrategia clara, responsable y apegada a los lineamientos internacionales. Pero López-Gatell prefirió minimizar la emergencia, desacreditar el uso del cubrebocas, desaconsejar el aislamiento social, convocar conferencias vespertinas sin utilidad sanitaria y difundir estimaciones optimistas que jamás se cumplieron.
Fue también él quien ridiculizó a quienes pedían pruebas masivas, quien anunció el fin de las olas cuando apenas comenzaban, quien defendió con obstinación un modelo de vigilancia epidemiológica inservible —el famoso “modelo Centinela”— mientras los hospitales se desbordaban. En nombre de una supuesta soberanía sanitaria, López-Gatell se convirtió en un predicador político, no en un servidor público comprometido con la salud de la población.
Hoy enfrenta denuncias penales por omisión, negligencia y presunta responsabilidad en la muerte de miles de mexicanos. La más contundente, la presentada por el abogado penalista Javier Coello Trejo —el llamado Fiscal de Hierro— en representación de familiares de víctimas que no recibieron atención adecuada ni información oportuna. Esa denuncia no es un acto mediático, sino un expediente jurídico que interpela la legalidad y la ética de sus actos como funcionario público.
Por eso resulta incomprensible —y preocupante— que Claudia Sheinbaum, una presidenta que presume formación científica y compromiso con la verdad, haya decidido premiar a López-Gatell con una representación diplomática que implica justamente el diálogo con la misma OMS, cuyas recomendaciones desoyó con arrogancia durante la pandemia. La contradicción es tan evidente que ha desatado críticas de expertos, académicos y, sobre todo, de los colectivos de víctimas que ven en esta decisión un acto de impunidad y desprecio.
La imagen de López-Gatell celebrando el “control” de la pandemia mientras los crematorios trabajaban sin descanso permanece en la memoria colectiva. También la de sus vacaciones en Oaxaca en pleno pico de contagios, sin cubrebocas y sin recato. ¿Ese es el perfil que México envía al mundo para representar su política sanitaria?
Más que una decisión técnica, el nombramiento de López-Gatell es un mensaje político. Confirma que en la nueva administración hay continuidades incómodas y que, pese a la promesa de rectificación, persiste la tendencia a premiar la lealtad por encima de la competencia. Claudia Sheinbaum se equivoca al pensar que el olvido es automático y que la sociedad no sabrá leer las señales que ella misma emite.
México no necesita embajadores del fracaso, sino representantes que honren la verdad, la memoria y la ciencia. La salud pública no puede seguir secuestrada por la lógica de las cuotas, las complicidades o el cálculo político. Porque la negligencia también mata. Y el silencio, también condena.
