El robo de la luz

16, febrero 2021


La reforma energética del peñismo mucho ofreció pero nada cumplió, salvo los grandes negocios que entonces aseguró a grandes empresas transnacionales y nacionales.
A últimas fechas se ha dado cuenta de los grandes subsidios y las pingües ganancias de unos cuantos en perjuicio de los usuarios de la energía eléctrica.
En el parlamento abierto convocado por la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, quedó claro que de mantenerse el esquema vigente de contratos con los productores privados de energía eléctrica los daños por subsidios, riesgos cambiarios, inflación, bajo despacho y tarifas crecientes serían de 412 mil millones de pesos.
Sólo los subsidios a estos productores “independientes” ascienden a 249 mil 606 millones de pesos y de ellos corresponden a Iberdrola, la transnacional española, 56 mil 175 millones de pesos, por la operación del parque eólico La Venta, en el estado de Oaxaca.
Por eso no extraña que se desgarren las vestiduras ante “el ataque a la iniciativa privada” y a la libre inversión, misma que no se da sin el apoyo en subsidios, descuentos, privilegios fiscales u otros beneficios irregulares o ilegales.
En la  nueva legislación eléctrica no hay una nacionalización disfrazada, sino simplemente se pretende poner fin al saqueo de un pequeño grupo de particulares  que se han hecho intensamente ricos con los ventajosos contratos al amparo de la reforma energética del pasado sexenio.
El sector privado puede y debe invertir no sólo en el sector eléctrico sino también en los demás de la economía nacional pero en condiciones legales, sin ventajas. La iniciativa privada debe tener eso, iniciativa, pero en esta administración no han querido invertir con lo que demuestran que no quieren arriesgar, cuando lo inherente a cualquier negocio es el riesgo.
SUSURROS
Un diario capitalino dio cuenta de que nuestro país se ha convertido en paso, prácticamente libre de madera Colombia, Perú, Venezuela y Brasil a Estados Unidos y China.
De acuerdo a Gonzalo Chapela, coordinador de políticas públicas de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf) la razón principal es que los importadores de madera sólo se les exige la factura, para poder comerciar con el producto.
Esto abre la puerta a la simulación, al tráfico ilegal y hasta el lavado de dinero, con la consiguiente generación de mafias y bandas criminales. Algo se tiene que hacer pronto para acabar con este ilegal mercado.
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