El Senado aprobó la Miscelánea Fiscal 2026 y con ella un cambio que encendió las alarmas: el nuevo artículo 30-B del Código Fiscal. Este obligará a las plataformas digitales, como Netflix, Uber, Amazon o Tinder, a dar acceso permanente y en tiempo real al SAT a la información necesaria para verificar que cumplan con sus impuestos.

Entonces, ¿el SAT podrá ver lo que haces en Internet?

LA POLÉMICA

El gobierno lo defiende como una modernización fiscal. El SAT y Claudia Sheinbaum aseguran que no hay espionaje, que el acceso será sólo a datos tributarios y que lo que se busca es cerrar huecos fiscales de la economía digital, donde muchas empresas globales pagarían menos de lo que deberían.

“Queremos un piso parejo entre el comercio tradicional y el digital”, dicen en Hacienda.

Pero las organizaciones civiles no lo ven así. La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) advierte que la redacción del artículo es tan amplia que permitiría acceder a cualquier dato en poder de las plataformas, no sólo los fiscales.

Artículo 19 sostiene que dar al SAT una llave maestra para entrar a bases de datos privadas sin control judicial equivale a instaurar una vigilancia masiva.

Y la sanción para quien se niegue a cooperar es drástica: el bloqueo total del servicio digital en México.

CASA DIGITAL

Imagina que el SAT no sólo pudiera pedirte tus recibos, sino entrar a tu casa a revisar tus cajones todos los días, “por si acaso”. Eso es lo que advierten los expertos sobre el alcance del 30-B.

Antes, la autoridad fiscal podía auditarte con orden justificada. Ahora, podría tener una ventana abierta todo el tiempo a los sistemas internos de las empresas.

No es lo mismo una auditoría que una cámara de vigilancia. El riesgo no está sólo en que hoy usen mal los datos, sino en que la ley ya lo permite.

Y en un país donde el propio SAT y el IMSS han sufrido hackeos y filtraciones masivas, esa ventana puede volverse una puerta abierta para cualquiera.

¿QUIÉN NOS PROTEGERÁ?

Hasta hace poco, ese papel lo tenía el Inai, el órgano autónomo que vigilaba el uso de la información personal. Pero fue extinguido.

Hoy, si el SAT abusa de tu información, sólo puedes acudir a tribunales. En otras palabras, nos quedamos sin árbitro justo cuando más se amplía la cancha del control digital.

Y este debate no es aislado. En meses recientes, el gobierno impulsó la CURP biométrica, el registro de celulares y reformas de inteligencia que amplían el acceso estatal a datos personales.

Cada iniciativa, por separado, parecía inofensiva. Pero juntas pintan un país que acumula más información ciudadana sin reforzar sus contrapesos.

EL FONDO

¿Puede un gobierno fiscalizar en tiempo real sin invadir la privacidad? No, dicen los expertos. Lo que se necesita son límites claros, auditorías selectivas y controles judiciales. Y el artículo 30-B, tal como quedó, no los garantiza.

El gobierno promete transparencia, pero las organizaciones ven una puerta abierta al abuso. Y en esa situación los ciudadanos quedamos en medio, con menos privacidad y sin Inai que nos defienda.

El SAT no está espiando todavía, pero si el gobierno instala una cámara dentro de tu casa, aunque diga que no la encenderá, ya cambió la relación entre el poder y la ciudadanía.

EL DATO INCÓMODO

Harán recortes al Poder Judicial, pero los diputados federales dejaron intacto su aumento anual de 113 mil pesos en el dictamen del Presupuesto 2026. En el siguiente año ganarán 1.3 millones netos, más apoyo para el pago de ISR y seguro de vida.