Señal: fenómenos que cuestionan la integridad territorial
Tendencia: erosión del poder del Estado sobre su territorio

La integridad territorial es quizá el termómetro más preciso de la capacidad de un Estado para ejercer poder. No se limita a las fronteras geográficas, sino a la posibilidad de garantizar que, en cada rincón del país, prevalezcan las reglas colectivas por encima de los intereses privados o criminales. En México, septiembre volvió a mostrar señales de fisuras en ese termómetro, y no son casos aislados: son parte de un patrón que se repite.

Un primer fenómeno es el avance de la delincuencia organizada sobre espacios de la vida cotidiana. La reciente detención del Choko en Ecatepec reveló nuevamente cómo grupos criminales se entrelazan con redes políticas y sociales, llegando a ejercer funciones que deberían corresponder al Estado. Pero es apenas un ejemplo de muchos. En regiones de Michoacán, Guerrero o Zacatecas, comunidades enteras siguen sujetas a retenes, cobros y restricciones impuestas por grupos armados. Cuando la delincuencia dicta qué se puede hacer y qué no, la población oscila entre someterse o recurrir a la vía de las autodefensas. El patrón es claro: operan sin restricción microsoberanías criminales dentro del territorio nacional.

Un segundo fenómeno es la infiltración de las instituciones. El desmantelamiento de la red de huachicol fiscal en aduanas, con participación de mandos navales y funcionarios, evidenció cómo espacios diseñados para custodiar la soberanía económica se transforman en puntos de fuga. Tampoco es un caso aislado: policías municipales coludidas, alcaldes que negocian con grupos locales, corporaciones estatales que protegen intereses particulares. Cuando las instituciones dejan de ser barrera frente a lo ilegal y se convierten en cómplices, la soberanía se erosiona desde adentro.

El tercer fenómeno se observa en el uso de la protesta social como instrumento de captura territorial. El bloqueo de ejidatarios en la autopista Arco Norte por pagos pendientes se suma a una larga lista de cierres de carreteras y vías estratégicas en todo el país: normalistas en Michoacán, sindicatos en Oaxaca, transportistas en la frontera norte. La protesta legítima se pone en entredicho cuando limita la libertad de movimiento de miles de personas. Y la tendencia es preocupante: la normalización de que un grupo de interés pueda tomar como rehén el espacio público sin límites ni sanciones.

Tres caras de un mismo espejo: el territorio como espacio disputado. En unos casos, tomado por criminales; en otros, entregado desde adentro por instituciones corrompidas; en otros más, secuestrado por la lógica de la protesta sin contrapesos. Cuando el mapa del país muestra estas grietas, lo que se refleja no es sólo la pérdida de control sobre una carretera, un puerto o un barrio, sino el debilitamiento de la legitimidad del Estado. La tendencia apunta a lo mismo: mientras más se fragmenta la integridad territorial, más se erosiona la confianza ciudadana y la posibilidad de sostener un proyecto nacional cohesionado.