El tiempo corre, y la evidencia criminal contra la clase política mexicana no coincide en ambos países; el gobierno norteamericano dice contar con pruebas fehacientes para incriminar a decenas de políticos y la Presidenta mexicana asegura no encontrar indicio alguno en su exitosa persecución criminal al comprobar una baja de la mitad de los homicidios dolosos y presumir miles de detenciones; líderes criminales, sicarios, empresarios, sociedad en general, con excepción de políticos, quienes al parecer, por la actitud de la mandataria, no existen ni corruptos ni mucho menos ligados al narco.

Mientras, los meses pasan, unos apostando a que el mundo convulso deje de voltear a la tan señalada política mexicana, otros, preparando el camino para hacer la tarea que el gobierno mexicano se niega no sólo a hacer sino a aceptar: desarticular el vínculo histórico de la política con el crimen bajo un contexto de una sociedad civil infiltrada por una cultura de la trampa; por el hábito de la mentira y el enfermizo reconocimiento a la audacia criminal como una aspiración de vida.

Si el principal pilar de este gobierno es la investigación y persecución criminal, tendría que preparar las cárceles para recibir a medio millón de mexicanos, más los que se vayan sumando en el transcurso de esa patética connivencia sociedad civil-política-empresa-crimen.

Si el segundo objetivo estratégico del presente gobierno, la atención a las causas, se realizara con conciencia técnica-científica, es decir entender los múltiples factores del crimen, tendría que diseñarse una política pública sólida en la materia; mucho, pero mucho más allá de programas de asistencia social, ya que algunos de ellos no sólo son obsoletos, sino precursores del mismo delito, como el otorgamiento de viviendas en lugar de hogares; becas monetarias a jóvenes por encima de oportunidades de desarrollo académico, y así un sinnúmero de dádivas a fondo perdido, sin retorno de inversión social para el gobierno, un gasto que lo llevará irremediablemente a un empobrecimiento continuo hasta llegar a un país pobre con un pueblo… igual.

La respuesta es clara, el dinero tiene mayor impacto electoral que las acciones contundentes de desarrollo personal, familiar y comunitario que eventualmente llevará a la creación de un capital social nacional positivo, la verdadera respuesta para acotar a la delincuencia organizada.

En términos generales, las dos principales estrategias de combate al crimen en México están aisladas y parece que carecen de sentido; reportar miles de detenidos y procesarlos bajo un sistema penitenciario inexistente y una atención de las causas sin entender las causas mismas.

Mientras que el gobierno se debate en conceptos de soberanía, independencia, señalar a alcaldes extranjeros, criticar a Hernán Cortés y perseguir políticos de oposición por “traicionar a la patria” y a la administración en turno, el vecino país se concentra en lo principal, crear su andamiaje jurídico, administrativo y operativo para combatir lo que según ellos ha sido la razón de la muerte de 200 mil ciudadanos anuales: el narcoterrorismo mexicano.

Su estrategia: presionar al gobierno de México para endurecer la persecución criminal; conseguir la detención de los principales líderes, extraditarlos y obtener el dato útil de ellos; denominar narcoterroristas a seis grupos delictivos y ajustar su política de combate bajo esos términos; crear una alianza regional de impacto denominada Escudo de las Américas y preparar casos para escalar a un segundo nivel de combate: destrucción de grupos criminales en el extranjero y exterminar a la clase política que los protege.

Lo amparan dos estrategias muy claras: Estrategia Nacional de Control de Drogas y la Estrategia Nacional de Contraterrorismo.

Lo más riesgoso lo llevarán a cabo a pesar de México.