La primera elección judicial en la historia de México terminó como se temía: con una participación ciudadana ínfima, un proceso marcado por irregularidades y un resultado que confirma la subordinación del Poder Judicial al partido en el poder.
La promesa de democratizar la justicia, de acercar al pueblo a sus jueces, quedó reducida a una narrativa política. En la práctica, lo que presenciamos fue una costosa simulación. El proceso electoral –organizado con premura, sin garantías de equidad y sin condiciones mínimas de transparencia– apenas atrajo a menos del 13 por ciento del padrón. Un dato demoledor que refleja desinterés, desinformación y, sobre todo, desconfianza.
Las denuncias sobre la distribución de acordeones –esas listas impresas y digitales que circularon para inducir el voto a favor de candidatos afines a Morena– retratan con crudeza lo que fue en realidad esta elección: una operación política más que un ejercicio democrático. La universalidad, libertad y secrecía del voto judicial fueron suplantadas por prácticas clientelares y mecanismos de control partidista.
Y, como se anticipaba, la consecuencia no fue menor. La Suprema Corte de Justicia de la Nación será integrada a partir de septiembre por perfiles cercanos al oficialismo, sin contrapesos reales. Lo mismo ocurrió con las dos vacantes renovadas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: ambas fueron ocupadas por juristas alineados con la narrativa de la cuarta transformación.
Esto implica que los tres pilares del Estado mexicano –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– estarán ahora bajo el mismo signo político. Una concentración de poder inédita desde los tiempos del viejo régimen priista, y que anula en los hechos la división de poderes, ese principio fundacional de cualquier república democrática.
No se trata sólo de una crisis institucional. Lo que está en juego es el futuro de la justicia en México. Un Poder Judicial sin independencia es terreno fértil para la impunidad. ¿Quién garantizará la constitucionalidad de las leyes? ¿Quién protegerá los derechos ciudadanos frente a los abusos del poder? ¿Quién juzgará con imparcialidad las disputas electorales, cuando los árbitros responden al mismo equipo que está en la cancha?
Los riesgos están a la vista. Un Poder Judicial alineado con el Ejecutivo y subordinado al Legislativo convierte a los tribunales en oficinas auxiliares del gobierno. Y esa, justamente, es la antesala del autoritarismo.
La elección judicial no democratizó la justicia. La debilitó. Y al hacerlo, debilitó también la esperanza de millones de mexicanos que aún creen en el Estado de derecho.
@GOrtegaRuiz
