“Hacemos este trabajo (…) para que no vuelvan las elecciones que se imponen desde el poder”, señala el informe final del Observatorio Electoral Judicial, integrado por Laboratorio para la Democracia, Di-Sentir, Laboratorio Electoral y México Evalúa, sobre la primera elección de jueces, magistrados y ministros.
El documento, basado en monitoreo técnico y evidencia documental, concluye que el proceso debilitó la democracia, generó condiciones de desigualdad y consolidó el control político sobre el Poder Judicial.
La elección judicial fue histórica, pero por las razones equivocadas: una reforma mal implementada, instituciones electorales sin condiciones para ejecutarla y un poder político que metió las manos en el resultado. En lugar de acercar la justicia a la ciudadanía, terminó capturada.
TRAMPAS DE ORIGEN
La reforma judicial, impulsada por el presidente López Obrador, se aprobó y ejecutó con prisas: menos de 10 meses entre su promulgación y la jornada electoral. Las leyes secundarias fueron incompletas, aprobadas sin discusión real, y el INE tuvo que organizar una elección inédita sin lineamientos claros y con más del 50% del presupuesto recortado.
Los comités técnicos que evaluaron a las personas candidatas estuvieron dominados por perfiles afines al partido en el poder. Las boletas tenían lenguaje técnico innecesario, omisiones y errores que favorecían a ciertos perfiles. En varios distritos hubo candidaturas únicas, eliminando la competencia y convirtiendo su elección en una simulación.
Además, el gobierno usó recursos públicos para promover aspirantes: circularon listas impresas con “candidatos sugeridos” (la llamada Operación Acordeón) y hubo participación activa de servidores públicos durante la campaña. Todo eso violó el principio de imparcialidad. El proceso nació viciado.
GOLPE A LA DEMOCRACIA
El INE no sólo enfrentó recortes, también falta de personal y poco tiempo para capacitar a funcionarios de casilla. En los estados donde se realizaron elecciones no les fue mejor.
El informe advierte que el Tribunal Electoral federal, en lugar de corregir fallas, ignoró o desechó múltiples impugnaciones. Las denuncias por propaganda ilegal, intervención de funcionarios y boletas inequitativas se resolvieron con formalismos, sin análisis de fondo.
En lugar de garantizar la equidad, los árbitros electorales se alinearon con el poder. El resultado: un Poder Judicial menos independiente, con legitimidad erosionada y una participación ciudadana mínima: sólo votaron 12 de cada 100 personas.
Además, los mecanismos de impugnación fueron insuficientes. Sólo los candidatos podían presentar quejas. La ciudadanía y organizaciones civiles quedaron fuera. Sin canales efectivos, las irregularidades quedaron impunes.
EVITAR UN NUEVO DESASTRE
El informe no se queda en el diagnóstico. Plantea un camino para evitar que la historia se repita. Propone reglas claras, boletas entendibles, comités independientes, árbitros con recursos y mecanismos reales para denunciar irregularidades.
Pero, sobre todo, insiste en algo que se olvidó en este proceso judicial: la justicia no puede construirse desde la improvisación ni desde el control político.
Si el sistema judicial se va a elegir por voto, tiene que blindarse. No basta con decir que se consulta a la gente. Se necesita garantizar que tenga información, perfiles preparados y árbitros imparciales.
Porque si no, todo lo demás (el proceso, las urnas, las sentencias) termina en una costosa simulación, tanto política como presupuestal. La elección judicial de 2025 no acercó la justicia a la ciudadanía. La puso en manos del partido en el poder. Y si no se corrige, el desastre se repetirá en 2027 y las siguientes elecciones.
EL DATO INCÓMODO
En los primeros seis meses de 2025, los retiros por desempleo rompieron récord: 17 mil 505 millones de pesos, 12.8% más que en 2024. En ese mismo periodo, los nuevos empleos cayeron 70%. Más señales de alerta.
