A una semana de la histórica elección judicial del 1 de junio, persiste un dilema incómodo: ¿vale la pena votar?
Tanto en redes como en las calles, se hacen llamados opuestos: acudir o no a las urnas. Por un lado, se pide no legitimar el proceso. Por el otro, ejercer un derecho ciudadano. Pero antes de responder, conviene revisar cómo llegamos aquí.
JUSTICIA ROTA
En un país donde el 95% de los delitos queda impune, con cárceles llenas de inocentes, criminales libres y víctimas sin justicia… era urgente una reforma de justicia.
Pero la reforma impulsada por López Obrador en 2024 -como parte del plan C– no tocó fiscalías, ministerios públicos ni policías. Sólo a los jueces, magistrados y ministros: el último eslabón de la justicia. ¿Error o casualidad? Ni uno ni otro.
En 2018, López Obrador llegó al poder con fuerza para negociar reformas constitucionales. Así nacieron, con apoyo opositor, reformas como la Guardia Nacional. Además, el Poder Judicial era un aliado, con Zaldívar al frente.
LA REVANCHA
Pero todo cambió en 2021. Morena quedó lejos de la mayoría calificada, y se topó con una oposición cerrada. Reformas clave como la eléctrica fueron rechazadas. Las que pasaron -como el plan B electoral y la militarización de la Guardia Nacional– fueron frenadas por la Corte, ya presidida por Norma Piña. Y eso lo volvió el enemigo.
Así nació el plan C: para recuperar la mayoría calificada y, de paso, sacudir al Poder Judicial desde sus cimientos.
Morena ganó en 2024. Convalidado por el Tribunal Electoral, obtuvo mayoría calificada en Diputados y quedó a tres senadores de lograrla en el Senado. Pero consiguió los votos: Araceli Saucedo y José Sabino, del extinto PRD, y Miguel Ángel Yunes Márquez, del PAN, señalado por múltiples delitos. Su voto por impunidad. Y la reforma pasó.
SIN FILTROS
Para implementarla, cada poder debía formar un comité para filtrar aspirantes judiciales. Pero el proceso fue todo, menos profesional.
El comité del Poder Ejecutivo buscó “personas buenas, con empatía por el pueblo”, aunque sin reglas claras. El comité del Congreso fue peor: errores en las listas, nombres duplicados, registros falsos. No cumplieron ni sus propias fechas de entrega.
El comité del Poder Judicial fue el único que aplicó exámenes serios. Pero un juez ordenó suspender el proceso. El Judicial acató. La Presidencia y el Congreso, no. Luego, el comité judicial renunció.
Para evitar el vacío, el Tribunal Electoral resolvió que el Senado supliera al comité… con tómbola. Así, Morena terminó avalando los candidatos del Ejecutivo, el Congreso… y también del Judicial.
CANDIDATOS BAJO SOSPECHA
La organización Defensorxs presentó ante el INE denuncias contra candidatos con antecedentes. Algunos, exabogados del Z-40 o convictos. Otros, ligados a La Luz del Mundo. Aun así, sus nombres siguieron en la boleta.
La respuesta oficial fue predecible. Sheinbaum dijo que eran “muy poquitos”. Noroña admitió que “se nos fueron algunos”.
Sólo tras la presión, el Congreso pidió cancelar 26 candidaturas por mala reputación o señalamientos penales. Pero lo hizo tarde.
Lo que comenzó como una reforma para “democratizar la justicia” terminó en tómbolas, omisiones y candidatos impresentables.
Y así llegamos a las boletas del 1 de junio. ¿Votar es un acto democrático? ¿O es legitimar un proceso viciado de origen? Eso lo veremos en la siguiente columna.
EL DATO INCÓMODO
Según un análisis de Ernesto Núñez Albarrán, Delfina Gómez, Clara Brugada y Rocío Nahle controlan entidades que juntas suman el 27% del padrón y 20 mil de las 86 mil casillas que funcionarán este 1 de junio. Sin duda, tendrán peso en la definición del nuevo Poder Judicial.
