El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto de Guzmán Bátiz, llamó a todas las instituciones electorales a fortalecer su capacidad institucional para llegar a 2027 fortalecidos y cohesionados.
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De cara a los comicios que concentrarán miles de candidaturas, pidió fortalecerse como instituciones sólidas, preparadas, capaces de garantizar procesos electorales legales, legítimos y que propicien la gobernabilidad y la paz social en todas las entidades.
Insistió en que las elecciones de 2027 serán un punto de inflexión, las más complejas, más digitalizadas e intensas, y con una ciudadanía más exigente, por lo que el país requerirá instituciones que respiren serenidad, que dialoguen y reconozcan que el futuro de la justicia electoral necesita nuevas herramientas para fortalecer la democracia.
Precisó que estamos a las puertas de una reforma electoral, que se suma a la renovación de poderes locales y federales, una posible revocación de mandato y la elección del 50% de jueces y magistrados federales.
“Esto es una coyuntura que pondrá a prueba a todas nuestras instituciones”, dijo al destacar que habrá elecciones locales, estarán en juego 500 diputaciones federales, y una renovación en los 31 estados y en 17 gubernaturas.
Asimismo, agregó que otro elemento son los nuevos modelos de comunicación política, especialmente digitales, y una ciudadanía con mayor participación y mayores exigencias hacia las instituciones.
Al participar en la mesa Medios Alternativos de Solución de Conflictos. Retos y oportunidades, reconoció que la democracia se sostiene con reglas, diálogo y puentes, porque “hacer justicia a la justicia implica innovar, transformar y humanizar”.
Se dijo convencido de que la justicia electoral no solo resuelve conflictos, sino que también ayuda a prevenirlos, por lo que es indispensable “una justicia que no llegue tarde” y que asegure la estabilidad, la paz y la integridad democrática del país.
Bátiz García resaltó que el TEPJF está convencido de que la justicia electoral debe pensarse más allá del expediente, cambiando la forma de resolver conflictos y adaptándose a las necesidades de la ciudadanía.
“Quedarnos únicamente con las herramientas procesales tradicionales sería insuficiente para un sistema que debe garantizar el acceso efectivo a la justicia; por eso la incorporación de los mecanismos alternativos de solución de controversias no es un gesto optativo, sino un mandato constitucional”, sentenció.
