Las elecciones judiciales del 1 de junio representan el mayor fracaso político de Morena, pues se perdió la oportunidad de mejorar el sistema de justicia en México, advirtió el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira Valdez.

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Señaló que con un padrón electoral de 100 millones de ciudadanos, solo 5.2 millones de votos respaldaron al candidato ganador de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mientras que se registraron 11 millones de votos nulos y casi 12 millones de boletas en blanco. A ello se suma un abstencionismo del 87 por ciento del electorado, lo que refleja un claro rechazo de la ciudadanía hacia esta elección promovida por el oficialismo.

Moreira Valdez denunció que el proceso estuvo plagado de irregularidades, porque se engañó al pueblo con una elección amañada, con uso de acordeones para manipular resultados y prácticas turbias, como impedir que la ciudadanía contara los votos, además de que la complejidad técnica de la votación generó una confusión generalizada.

“El INE mezcló votantes con votos nulos, cuando no son lo mismo. Un elector podía votar por varios candidatos en una sola boleta; por ejemplo, en la elección de ministros había 64 opciones y se permitía seleccionar hasta nueve” acotó tras precisar que esto generó una gran confusión en los votantes y en el cómputo de los sufragios.

Asimismo, lamentó que el gobierno federal ignore las recomendaciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y consideró que México se encamina hacia un régimen autoritario.

“Se está dejando de lado la verdadera necesidad del país: una impartición de justicia eficaz, con más juzgados, más defensores públicos, más ministerios públicos, peritos, policías de investigación, laboratorios forenses y centros penitenciarios donde se respeten los derechos humanos“

Por su lado, el economista Mario Di Costanzo advirtió que llama la atención que el nuevo presidente de la SCJN no sea cercano a la presidenta, pero sí haya sido operador político de Andrés Manuel López Obrador en la compra de terrenos y ejidos para las obras del Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, mismas que, dijo, se ejecutaron con afectaciones al medio ambiente y mediante el engaño a comunidades indígenas