La transición hacia la electromovilidad en el transporte público de la Ciudad de México deberá avanzar de manera gradual, condicionada por la disponibilidad de infraestructura, el diseño de la política pública y la capacidad financiera señaló Jesús Padilla Zenteno, presidente de Grupo CISA y operador de transporte público urbano en la capital del país.

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Durante su participación en el III LAC E-Mobility Salon, Padilla Zenteno explicó que la electrificación del transporte no puede plantearse como un proceso inmediato, en particular en ciudades con alta densidad urbana como la Ciudad de México.

Indicó que, conforme crezca la flota eléctrica, se presentará un problema estructural para el resguardo de las unidades, ya que no existen espacios suficientes para almacenar entre 200 y 300 autobuses eléctricos, lo que obligaría a trasladarlos a zonas alejadas de los corredores de operación.

Precisó que esta limitación es más severa en la capital del país, donde el espacio disponible se encuentra prácticamente agotado. En contraste, otras entidades federativas cuentan con mayor disponibilidad territorial; sin embargo, enfrentan restricciones presupuestales que dificultan la adopción de sistemas de transporte eléctrico.

Padilla Zenteno planteó que el desarrollo de la electromovilidad pública debe vincularse con el fortalecimiento de la industria nacional, con el propósito de generar empleo y promover inversión interna.

Señaló que resulta indispensable dar visibilidad a las empresas mexicanas, someter sus desarrollos a pruebas operativas y avanzar junto con ellas en un proceso que implica asumir riesgos compartidos, en un mercado dominado por fabricantes de origen chino.

Advirtió que las empresas nacionales, al encontrarse en una etapa de desarrollo, no cuentan con capacidad total de integración, por lo que requieren acompañamiento institucional. Indicó que el sector no puede enfrentar la transición de manera aislada y que se requiere coordinación con las autoridades para que el proceso sea viable.

En cuanto a la infraestructura, explicó que el reto no se limita al equipamiento tecnológico, sino que involucra el costo de instalación y la disponibilidad de espacio físico. Consideró que los esfuerzos para impulsar la electromovilidad deben ajustarse a las capacidades reales del país y avanzar de forma progresiva.

Respecto a las expectativas de los operadores de transporte público, señaló que la incorporación de vehículos eléctricos exige tecnología avanzada, esquemas de mantenimiento eficientes y servicios de posventa oportunos, así como un entendimiento claro con el gobierno federal en materia de política pública. Desde la perspectiva operativa, uno de los principales desafíos es determinar si existe capacidad financiera y técnica para asumir la transición y responder a las necesidades específicas de cada ciudad.

Padilla Zenteno advirtió que la diferencia de condiciones entre la Ciudad de México y las entidades federativas requiere una intervención directa del gobierno federal. Indicó que se necesitaría una aportación de al menos 100 mil millones de pesos para impulsar la transición, ya que la falta de apoyo tendría impactos negativos de gran magnitud.