El anuncio de Claudia Sheinbaum sobre eliminar el fuero legislativo abre un nuevo debate: ¿es un paso hacia la rendición de cuentas o una jugada política para desarmar a opositores… y también a los suyos?
El tema no es menor. La Presidenta lo planteó justo cuando le preguntaban por los escándalos de Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado.
ESCUDO Y PROBLEMA
El fuero legislativo en México se diseñó como una protección contra la persecución política: garantizar que un diputado o senador pudiera hablar libremente sin miedo a represalias.
El caso del senador Belisario Domínguez, asesinado en 1913 tras denunciar a Victoriano Huerta, suele recordarse como la justificación histórica de esa inmunidad que quedó en la Constitución de 1917.
Con el tiempo, sin embargo, el fuero se convirtió en sinónimo de impunidad. Hoy basta recordar casos como el de Cuauhtémoc Blanco: frente a acusaciones graves es casi imposible que pisen un tribunal gracias a la protección parlamentaria.
Por eso, en la opinión pública, eliminarlo suena a justicia: que cualquier legislador responda ante la ley como un ciudadano más.
QUIÉN GANA Y QUIÉN PIERDE
La propuesta, presentada como parte de la reforma electoral, tiene lecturas encontradas.
Para la oposición, la eliminación del fuero podría ser un arma de doble filo. Por un lado, es una bandera ciudadana difícil de rechazar sin pagar costo político. Pero, al mismo tiempo, sin fuero, diputados y senadores opositores quedarían más expuestos a ser perseguidos desde la fiscalía si incomodan al poder.
En cambio, dentro de Morena, el tema también genera nerviosismo. Hay legisladores oficialistas con expedientes pendientes: desde denuncias de corrupción hasta acusaciones de vínculos con el crimen organizado. Sin fuero, no podrían refugiarse en la aplanadora legislativa que hasta ahora los protege.
Es decir, la eliminación del fuero no es un traje hecho sólo para la oposición. También puede debilitar a figuras de Morena que hoy cargan con escándalos y que son un lastre… para Palacio Nacional.
¿Y LA PRESIDENCIA?
Se dice que la Presidencia de la República no tiene fuero. Pero vale recordar que en 2020 se aprobó una reforma para que su titular pudiera ser juzgado no sólo por traición a la patria, sino también por corrupción y delitos electorales.
Sin embargo, el procedimiento sigue siendo político: depende del voto del Congreso, donde la mayoría oficialista tiene la llave. Como lo resumió Porfirio Muñoz Ledo: “No se le arresta como a un ciudadano común… si tiene mayoría en las cámaras, no pasa nada”.
Con esa experiencia: ¿qué tan real será que los legisladores quedarán sin blindaje o veremos mecanismos que, en los hechos, mantengan la protección política?
EL FONDO
Si la justicia estuviera en manos independientes, eliminar el fuero sería un paso hacia un Congreso más responsable. En manos con intereses propios, sería una herramienta para doblar a personajes incómodos. Sean propios o extraños.
La coyuntura en que se lanza la propuesta muestra que el debate no es abstracto. Si la eliminación del fuero avanza, los primeros en sentir sus efectos podrían ser los propios morenistas.
En México, donde la justicia se usa como arma política, la eliminación del fuero promete más incertidumbre. La verdadera pregunta no es quién pierde la inmunidad… sino quién gana el poder de decidir a quién se le aplica la ley.
EL DATO INCÓMODO
Sin querer, Alicia Bárcena reconoció recortes en medio ambiente: admitió en el Senado que Semarnat enfrenta una baja de 36.8% en 2025 y depende de que Hacienda le devuelva 5 mil 800 millones recaudados por trámites para sobrevivir.
