PATRICIA RAMIREZ
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró la constitucionalidad del decreto para suspender los derechos políticos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público a violentadores de mujeres y deudores alimentarios, la coloquialmente conocida como ley 3 de 3.
El presidente del Senado, Alejandro Armenta dio a conocer los votos de 23 congresos locales que aprobaron esta reforma constitucional, por lo que envió el decreto al Ejecutivo para su publicación.
Para que entrar en vigor de inmediato, esta reforma debe ser publicada a más tardar este 1 de junio, tres meses antes de que inicie el proceso electoral federal.
La reforma a los artículos 38 y 10 de la Constitución establece que se suspender los derechos o prerrogativas de los ciudadanos por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, y el normal desarrollo psicosexual.
Por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos; y por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.
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Además, plantea que para que una persona pueda ser titular de la Fiscalía General de la República se requiere: ser ciudadana mexicana por nacimiento, en ejercicio de sus derechos; tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de 10 años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito doloso.
“Con la reforma propuesta se busca incidir favorablemente en la ética pública y política, en beneficio de la sociedad en su conjunto”, se destaca.
Con las presencia de activistas que impulsaron esta ley desde el principio, senadores de todos los partidos subrayaron que en una verdadera democracia, no basta con ser un funcionario eficiente, si se es acosador sexual; no basta ser un servidor público destacado, sí se es agresor por razones de género; no basta ser un legislador, un juez, un alcalde o un magistrado honrado y sin vínculos de corrupción, sí se es deudor de pensión alimenticia.
Las legisladoras de todos los partidos celebraron esta determinación y aseguraron que ningún violentador de mujeres tendrán un cargo público o puesto de elección popular.
En este marco, legisladoras del PRI aprovecharon para acusar que un senador de Movimiento Ciudadano, Noé Castañón, fue denunciado por su familia como deudor alimentario, por lo que consideraron que ese partido es hipócrita, porque dice defender la causa de las mujeres.
