Gerardo Gutiérrez / Ovaciones

Muy atinado el calificativo que usó el diputado Jorge Triana para las interrupciones del suministro eléctrico por el estado de emergencia en la red. Efectivamente, “apagones ideológicos”. La causa-raíz no es el cambio climático, sino una obsesión política: que el Estado tenga mayor participación en la generación, aun a costa de comprometer el abasto mismo, y una política sistemática para bloquear la inversión privada, inclusive parando proyectos listos para entregar energía.

¿De qué puede servir que el Gobierno controle 55 o 99 por ciento de la generación si no es capaz de asegurar el suministro?

Es cierto que hay un aumento de la demanda provocado por la ola de calor. Según las primeras declaraciones del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) también influyó que varias centrales quedaron fuera de disposición, suponemos que por averías y falta de mantenimiento. El margen de reserva operativa llegó a 3%, cuando el mínimo debía ser 6%, y si eso sucedem no queda más que hacer cortes programados de emergencia. Pero aquí pasa como con la cancelación del aeropuerto de Texcoco, cancelado igualmente por criterios político-ideológicos, puestos por encima de los costos y lo que tenía que ocurrir: más demanda con menos capacidad = más problemas, atendidos, desde entonces, con paliativos o parches.

En electricidad, como ha dicho el columnista económico Enrique Campos Suárez, en estos años se hizo todo lo que se pudo, legal e ilegalmente, para marginar a los participantes privados del mercado eléctrico, sin importar si se violaban acuerdos internacionales, la Constitución y el sentido común, y sin que el Gobierno cubriera lo que había que invertir para llenar el vacío.

Las consecuencias están a la vista, y tomará tiempo, y siempre que vuelva el sentido común, el realismo y el pragmatismo, resolver el estado de precariedad en que ha quedado el sistema eléctrico nacional. Más allá de que esté a la altura de la oportunidad de la atracción de inversiones con el nearshoring, tan solo para que pueda responder al crecimiento inercial de la demanda.

Caso paradigmático de este apagón ideológico fue la “nacionalización” o compra de centrales eléctricas de Iberdrola, sólo para declarar que el Gobierno aumentaba su participación en el mercado: 6,200 millones de dólares sin que México añada un solo watt, pero sí los pasivos. Iberdrola gana dinero fresco para construir infraestructura eléctrica en otros países, como Brasil, desinvirtiendo, a buen precio, de plantas de gas, tecnología de la que va de salida, para avanzar en su tránsito a un 100% de renovables.

Lo que ha ocurrido se veía venir, y no desde hace poco. Como han referido especialistas, como Pablo Zárate: una clara tendencia de crecimiento de la demanda contrapuesta a una de menor inversión en la oferta, con el consecuente deterioro del balance. En días comparables de hace un año, la demanda máxima reportada era de unos 44 mil megawatts (MW), con reserva promedio de cerca de 5 mil 300 MW; un margen de 12%. Ahora hemos estado en 3%, con demandas de más de 50 mil, y vienen más altas a medida que avance el verano. Además, las plantas de la CFE han registrado índices de indisponibilidad sin precedentes, mientras que, por los niveles tan bajos en los embalses, la generación de hidroeléctricas cayó en más de 23% en el primer trimestre respecto al mismo periodo de 2023, cuando ya había bajado 47% anual.

No debería haber sorpresa. Especialistas y el sector privado han advertido desde el 2019 sobre lo que podría suceder con la muy ideologizada y nada pragmática política energética que desde entonces se perfiló. Ahora, anticipan que la precariedad podría prolongarse al menos hasta el 2028, aunque cambien las cosas con la próxima administración. Desde luego, peor aun si no hay un viraje.

Guillermo García Alcocer, ex Presidente de la Comisión Reguladora de Energía, ha recordado que el promedio anual de inversión de la CFE en generación en los últimos cinco años fue de 700 millones de dólares, cuando el requerimiento era 4 mil 200 millones para generar 3.5 gigawatts (GW). Con las necesidades para dar cupo a la inversión por el nearshoring, el monto sube a 5 mil 400 millones, para 4.5 GW.

La inversión privada no sólo se desplomó: ha habido desinversiones. Tras la reforma eléctrica de 2013, en 2017 se alcanzó la marca histórica de Inversión Extranjera Directa (IED): casi 6 mil 800 millones de dólares. México logró precios récord a nivel mundial en subastas de energía renovable para largo plazo. De 2019 a 2023, la IED del sector, en promedio anual, fue 50% menor a la del periodo de 2013 a 2017. El Gobierno bloqueó el arranque de plantas privadas capaces de generar a un cuarto del costo de la CFE, que tampoco ha invertido en transmisión, donde sí tiene monopolio, y así, sin más interconexión, es aún más probable que las líneas se saturen.

En lo que va del sexenio apenas se ha agregado generación. Conforme al último informe anual de CFE, su capacidad instalada, incluyendo a los Productores Independientes de Energía (PIE) que le venden, apenas ha crecido 6 por ciento. En 2021 anunció la construcción y ampliación de seis plantas de ciclo combinado que estarían operando entre 2023 y este año. Según el último informe, serán cinco y sólo una estará lista este año. Tampoco se han retirado, como se prometió, termoeléctricas obsoletas, que generan más pérdidas y contaminación que energía.

Paradójicamente, como ha apuntado el especialista Víctor Ramírez, el estrés actual se da cuando hay acceso a los precios más bajos en gas natural, del que depende en más de 60% del sistema eléctrico nacional, y como es evidente, cuando hay sol en exceso para generación fotovoltaica.

En efecto, “apagones ideológicos”, y lo preocupante es que, en vez de afrontar con pragmatismo la alerta, la respuesta es más retórica ideológica.