El pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) votó en contra de un proyecto de resolución, con lo que niega la concesión de un canal de televisión de paga a Claro TV, empresa de Carlos Slim.

En su segunda sesión ordinaria del año, los comisionados del órgano regulador hallaron inconsistencias en el proyecto que promovía la negativa a la solicitud hecha por la subsidiaria de América Móvil hace más de tres años, confirmó a El Sol de México una fuente allegada al tema.

Esto no significa una negativa definitiva para que Claro TV tenga un canal de televisión, sino que el proyecto tendrá que rehacerse y volverse a estudiar y discutir en el pleno para tener una resolución final.

América Móvil quedó imposibilitada de ofrecer servicios adicionales en 2014 tras ser declarada agente económico preponderante del sector de telecomunicaciones. A su vez, el título de concesión que recibió Telmex a principios de la década de 1990 le prohíbe ofrecer el servicio de televisión.

Sin embargo, cuando se dieron estas regulaciones no existía Claro TV, por lo que la unidad del emporio de Carlos Slim realizó una nueva solicitud al IFT para la concesión de un canal de televisión restringida con el argumento de que no era parte del grupo de empresas que conformaban a América Móvil cuando fue declarada como preponderante.

En diciembre, en una reunión con medios, el comisionado presidente del órgano regulador, Adolfo Cuevas, reconoció que esta situación abría una ventana legal para la empresa, por lo que se seguía analizando su solicitud.

El lunes, la agencia Reuters dio a conocer que funcionarios estadounidenses expresaron su preocupación a la Secretaría de Economía y el propio IFT sobre las implicaciones para la competencia si se permite que América Móvil ingrese al mercado de televisión de paga.

Un día después, el presidente del Consejo de Administración de América Móvil, Carlos Slim Domit, acusó a su competidor AT&T de haber ejercido presión a la Oficina de Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) para exponer ante funcionarios mexicanos presuntas afectaciones a la competencia en el sector en caso de otorgar el permiso.