PATRICIA RAMÍREZ

Foto: SCJN/Cuartoscuro.com

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inicia este 2024 con una nueva integrante y con un cambio en puerta, lo que podría redefinir los equilibrios internos a favor de la 4T, pues tres de los once ministros tres están identificadas con el actual gobierno, por lo que estaría a solo un voto de tener los cuatro necesarios para romper la mayoría calificada en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.

Y es que, este año se vence el periodo del ministro Luis María Aguilar, quien fue designado como integrante de la Corte en 2009, por lo que sería la nueva presidenta o presidente a quien le correspondería presentar las ternas respectivas al Senado de la República para elegir a un nuevo ministro.

Este jueves asumirá su cargo Lenia Batres Guadarrama, quien rendirá protesta como integrante de este organismo judicial ante el pleno en sesión solemne.

Batres Guadarrama, hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, es la primera ministra designada directamente por el presidente de la República, luego de que el Senado no logró los consensos para elegir a alguna de las integrantes propuestas por el jefe del Ejecutivo federal en las dos ternas que envió.

Batres, representante del ala más radical de Morena, llega a la Corte en sustitución del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien sorpresivamente renunció a su cargo para integrarse a la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum Pardo.

A Zaldívar Lelo de Larrea le faltaba más de un año para concluir su periodo, pero el 7 de noviembre anunció su salida de la Corte y aún antes de hacerla pública y ser aceptada por el presidente, el ministro apareció en una fotografía con la precandidata única de Morena, PT y PVEM a la presidencia de la República, lo que desató las críticas en su contra.

Con esta designación, son tres las ministras afines al presidente López Obrador, la propia Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz y con un voto más, que podría conseguir en los siguientes años, se podría detener cualquier controversia constitucional o acción de inconstitucionalidad, pues se requieren 8 de los 11 votos de los ministros para hacerlas pasar.

2023, Año dificil para la Corte

La SCJN enfrentó en 2023 uno de los años más difíciles de los tiempos recientes, por el asedio que ha sufrido desde el gobierno y el poder Legislativo, lo que ha generado un enfrentamiento constante y además polémica por el manejo de los recursos de uno de los tres poderes de la Federación.

Luego del fallido intento por alargar la presidencia del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en la SCJN y por tanto el Consejo de la Judicatura Federal, el año empezó la elección de la ministra Norma Lucía Piña Hernández como la primera mujer en presidir estos dos importantes órganos del poder Judicial.

El 2 de enero de 2023 el pleno de la Corte eligió a la ministra Piña Hernández, dejando en el camino a las ministras Yasmín Esquivel Mossa, muy cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador y al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Después de tres rondas de votación, la mayoría de los ministros, seis de los once, se decantaron por la ministra Piña. Ella fue designada en 2015 como ministra de la Corte a propuesta del expresidente Enrique Peña Nieto y tras rendir protesta aseguró que la encomienda que iniciaba era complicada y su elección fue resultado de un largo proceso, espejo de la complejidad nacional, aunque seguramente no vislumbra entonces lo que se venía.

Esquivel, siguen en la polémica

La elección se dio en medio de la polémica por la acusación de plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien intentó ser electa como presidenta de la Corte, sigue bajo investigación por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que falló en contra de la ministra, quien a costa de amparos ha logrado frenar la difusión de los resultados.

Esquivel, quien fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, argumenta que ella no fue quien plagió el trabajo que presentó para obtener su grado de licenciatura e incluso demandó ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México al abogado Edgar Ulises Báez, aunque la autoridad universitaria dictaminó que fue él quien fue plagiado.

Sin embargo, aunque la UNAM ya concluyó su investigación, a más de un año de que se dio a conocer el caso, los recursos jurídicos siguen impidiendo su difusión.

Piña y AMLO, una relación distante

Desde la asunción de la ministra Norma Piña como presidenta de la SCJN la relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido tensa y conforme pasó el año se fue haciendo cada vez más tirante, hasta llegar al extremo del enfrentamiento directo, por el intento de desaparecer los fideicomisos del poder Judicial y la propuesta para elegir a los ministros y jueces por voto directo.

El presidente ha criticado constantemente al poder Judicial, al que tacha de corrupto por los fallos judiciales que liberan a delincuentes y el dispendio de recursos públicos y en la conferencia de prensa matutina también ha arremetido contra la presidenta de la Corte, acusándola de que desde su llegada ha habido más fallos judiciales para absolver a presuntos delincuentes y ha crecido la corrupción en el poder Judicial.

El congelamiento de la relación ha llegado a tal punto que el presidente ha dejado de invitar a la Piña Hernández a los actos oficiales y tampoco acudió a su primer informe de labores al frente del poder Judicial, el pasado 14 de diciembre.

Disputa por los fideicomisos

Luego de que el Congreso de la Unión aprobó la desaparición de decenas de fideicomisos en diversas dependencias, desde la primera parte del año 2023 el presidente amenazó con desparecer los fideicomisos del poder Judicial, a los cuales calificó como onerosos e injustificables.

La propuesta fue retomada por los legisladores del bloque afín al presidente y junto con el presupuesto aprobaron, en octubre de este 2023, una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para desaparecer 13 de los 14 fideicomisos que tiene ese poder y que concentran más de 15 mil millones de pesos.

De ellos, seis pertenecen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cinco al Consejo de la Judicatura Federal y dos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Sin embargo, el pasado 5 de diciembre, el ministro Javier Laynez Potisek, uno de los más criticados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad presentadas por legisladores de oposición y concedió la suspensión para evitar que estos fondos fueran enviados a la Tesorería de la Federación, como ordenaba la ley aprobada.

Jaloneos por Otis

Tras el paso del huracán Otis por territorio nacional, que devastó Acapulco, la presidenta de la Corte aceptó analizar la propuesta para que los recursos contenidos en los fideicomisos del Poder Judicial se destinaran a apoyar a los damnificados, aunque eso nunca sucedió.

En un oficio que envió al presidente López Obrador a finales de octubre, Piña Hernández aseguró que esta propuesta representa una alternativa real para actuar como Estado, en defensa de su población.

Sin embargo, la suspensión concedida para evitar la desaparición de esos fideicomisos también impidió que pudieran destinarse a atender la emergencia desatada por el paso del huracán Otis.