El reciente anuncio del US Department of Transportation (DOT) de suspender 13 rutas de aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos, así como de prohibir nuevas operaciones desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), marca un punto de inflexión grave en la política de transporte aéreo de México. No se trata, como la presidenta Claudia Sheinbaum ha afirmado, de una decisión “unilateral” de Washington sin previo aviso: los documentos del DOT demuestran múltiples llamados de atención que el gobierno mexicano ignoró.

El acuerdo bilateral de aviación entre México y Estados Unidos, firmado el 18 de diciembre de 2015 e implantado el 21 de agosto de 2016, tenía como objetivo liberalizar el transporte aéreo entre ambos países, permitiendo que aerolíneas de uno y otro accedieran sin restricciones a los mercados respectivos. Sin embargo, desde 2022 México comenzó a violar ese acuerdo, según el DOT: rescisión de franjas de despegue y aterrizaje (slots) para aerolíneas estadounidenses en el AICM, traslado forzoso de aerolíneas de carga al AIFA, y falta de transparencia en la asignación de operaciones. Las autoridades estadounidenses habían advertido que, de no rectificar, aplicarían medidas restrictivas. Por tanto, afirmar que la sanción estadounidense “surge de la nada” omite el historial de incumplimiento mexicano: el gobierno priorizó una estrategia aeroportuaria de dudosa sustentabilidad.

La decisión de volcar operaciones al AIFA: capricho de AMLO

El AIFA, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue concebido más como símbolo político que como aeropuerto-hub de clase mundial. Reducir franjas en el AICM o trasladar carga sin infraestructura ni conectividad suficiente son decisiones con costo —un costo que hoy paga el país—.

Alcances, impactos y daños

Las consecuencias son amplias y profundas:

• Conectividad aérea: suspensión de 13 rutas que afecta a Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus.
• Turismo: el mercado estadounidense representa el 70 % de los turistas internacionales; menos rutas implican menor captación de visitantes.
• Competitividad: la medida reduce el atractivo de México como centro aéreo regional y beneficia a otros países latinoamericanos.
• Empleo e inversión: menos rutas significan menor demanda de servicios aeroportuarios, hoteleros y turísticos.
• Carga aérea: el traslado forzado de aerolíneas estadounidenses generó costos adicionales y afectó la logística bilateral.

Reflexión crítica

El gobierno mexicano incurrió en errores estratégicos: actuar sin infraestructura adecuada, privilegiar la política sobre la técnica, ignorar el acuerdo de 2015 y las advertencias del DOT, y subestimar el impacto de una menor conectividad. No sólo se trata de vuelos, sino de toda la cadena productiva que depende de ellos.

Revés grave

La medida del DOT constituye un revés de gran magnitud para la aviación mexicana. El problema no es sólo la reacción de Washington, sino que México la provocó al ignorar el marco normativo y los compromisos bilaterales. Si se buscaba dar relevancia al AIFA, el camino era fortalecer la conectividad y garantizar transparencia. No fue así. México enfrenta hoy una crisis de credibilidad y un golpe a su competitividad internacional.

El aeropuerto concebido como símbolo presidencial podría convertirse en el epicentro de un grave golpe a la conectividad nacional.