Tres ciudadanos. Tres historias. Un patrón alarmante. Hoy en México, opinar puede costarte una denuncia. Ya no necesitas tener un medio, un micrófono o una audiencia. Basta con publicar un tuit, compartir una nota o publicar una investigación.
OPINAR ES PELIGROSO
Karla María Estrella, ama de casa en Sonora, escribió un tuit en febrero de 2024: “Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas. Cero pruebas y cero dudas”.
Se refería a la diputada Diana Karina Barreras, postulada por la coalición oficialista.
Poco después, Karla fue notificada por el INE: debía justificar su publicación, explicar su objetivo y presentar documentación que respaldara sus dichos. En 2025, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que ese tuit sí constituía violencia política en razón de género. Fue sancionada.
¿El argumento? Que el comentario invisibilizaba el mérito de Barreras por sugerir que su candidatura dependía de su esposo. Pero Karla cuestionó una candidatura. En una democracia, eso se llama crítica, no violencia.
COMENTAR ES PELIGROSO
Laisha Wilkins, activista y comunicadora, compartió una nota informativa sobre Dora Alicia Martínez Valero, conocida como Dora la Transformadora, entonces aspirante a ministra de la Suprema Corte. No la insultó ni la acusó de nada. Sólo comentó una noticia con “Jaja Dora la censuradora jaaja”.
Pero le notificaron con un procedimiento administrativo. Debía explicar el motivo de su publicación, decir si alguien se lo pidió y revelar si tenía vínculos con partidos. También debía proporcionar un domicilio para notificaciones. Martínez Valero aseguró que no la denunció, pero igual las autoridades electorales le pidieron información como si fuera sospechosa.
Esto revela un problema grave: la presunción de culpa por opinar. Un comentario sobre un tema público termina en un proceso administrativo. ¿Quién se arriesga a volver a hablar después de eso?
INVESTIGAR ES PELIGROSO
Miguel Alfonso Meza, presidente de la organización Defensorxs, publicó una investigación sobre Luis Castañeda, exfuncionario federal y candidato a juez laboral. Documentó que Castañeda ha sido acusado por 36 mujeres de acoso, además de estar involucrado en un accidente fatal.
La respuesta fue una denuncia por “violencia política”… contra un hombre. Así que el INE inició un procedimiento. En contraste, cuando Meza denunció irregularidades de otras figuras políticas con más de 100 pruebas, las autoridades ni siquiera abrieron expediente.
Esto evidencia una aplicación selectiva y arbitraria de la ley: la facilidad de perseguir al crítico, no al poderoso.
PRECEDENTES PELIGROSOS
La figura de violencia política fue creada para proteger a mujeres que participan en la vida pública. Su intención es legítima. Pero si se aplica para castigar la crítica, su uso se distorsiona. Lo mismo ocurre con otros procedimientos electorales: nacieron para defender la democracia, no para castigar al ciudadano.
Estos casos muestran cómo el uso vago o expansivo de las reglas genera miedo. No es una censura directa, pero sí un mensaje claro: “Mejor no opines”.
Esto tiene nombre: chilling effect. Es el enfriamiento del debate público. Cuando ves que alguien es perseguido por hablar, dejas de hablar tú también. Se instala el silencio por precaución. Y sin discusión pública, la democracia se vacía.
¿Queremos vivir en un país donde cuestionar a los políticos pueda ser motivo de castigo?
EL DATO INCÓMODO
El Congreso aprobará en periodo extraordinario la desaparición definitiva de Coneval, el organismo que alertó que 64.7 millones no tienen seguridad social y 9.2 millones viven en pobreza extrema. Sus funciones pasarán al Inegi, sin presupuesto adicional.
