Este cuestionamiento podría ir dirigido a la persona que escribe, pero realmente me refiero a las crisis recurrentes de seguridad que hoy, en territorios seriamente afectados por visos de ingobernabilidad, se avecinan en el país. Ejemplos muy claros: Sinaloa, Guerrero y Chiapas, donde los elementos básicos del Estado están siendo intervenidos por grupos delictivos y manifestaciones sociales derivadas del hartazgo por el poco desarrollo, así como el precario mantenimiento del orden y paz públicas; qué decir de la protección de la vida, integridad y patrimonio de las personas que habitan en los diferentes municipios de esas localidades. 

¿Cómo es que llegamos a perder el control de la seguridad en México? George Santayana (1863-1952) señalaba que el “que no conoce su historia está condenado a repetirla”. Parece que nosotros, los mexicanos, no somos los mejores en la materia, ya que, a pesar de que la inseguridad y la violencia en manos de la hoy llamada delincuencia organizada se ha gestado desde la década de los 20 del siglo pasado, no hemos aprendido, ni siquiera entendido, cómo identificarla, diagnosticarla y, en su caso, contenerla. 

Podríamos llenar artículos sobre el origen del delito, delincuencia y delincuentes en el México colonial, independiente y hasta posrevolucionario, pero es el último periodo, el del México contemporáneo, el responsable de esta delincuencia organizada recurrente que padecemos desde hace más de 24 años. 

Tocaremos precisamente esta etapa a partir del inicio del milenio, que representó un gran parteaguas en materia de seguridad pública en México. 

Pareciera que la llegada de la democracia en el país fue detonante de la pérdida de control de los entonces cuatro grupos criminales, puesto que antes del año 2000 permanecía una especie de pax mafiosa, tendida de un ‘ligero alambre’ debido a la ruptura entre gobierno y delincuencia organizada, producto del homicidio del agente de la DEA (Drug Enforcement Administration) Enrique Camarena Salazar, en 1985. 

Ese año es cuando se empieza a diseñar un modelo sistémico de seguridad en México. Esto significa que se aglutinaron las cinco funciones de la seguridad pública (prevención, infracción administrativa, investigación, persecución y reinserción social) bajo un esquema integral de operación llamado Sistema Nacional de Seguridad Pública, dependiente de un secretariado ejecutivo y una serie de “conferencias” conformadas por grupos de trabajo de los tres niveles de gobierno en la materia. 

¿Qué significó esto? Que la seguridad pública se elevó a un abordaje nacional y desde una perspectiva colegiada, con decisiones municipales, estatales y federales, considerando, incluso sectores como el social y el empresarial. 

Todo parecía indicar que iniciaba el milenio en forma óptima para la seguridad en México: se combatiría la ineficiencia y corrupción de los órganos de seguridad y procuración de justicia desde una perspectiva innovadora y bajo el mando de un nuevo líder, cargado de carisma y elocuencia, listo para romper 100 años de “dictablanda” del Partido Revolucionario Institucional. 

El principal actor fue una institución diseñada bajo un modelo policial francés, al que se llamó Policía Federal Preventiva, un órgano que aglutinaba las cinco funciones públicas de seguridad, cargada de una normatividad robusta y una capacidad de despliegue y resolución suficiente para que en los 20 años próximos se consolidara una policía nacional, modelo estratégico para abordar el fenómeno delictivo organizado.  

Pasaron seis años de gobierno para planear, organizar y dirigir la formación de una doctrina básica para la novel policía, así como las bases fundamentales para consolidar una institución policial ajena a la ineficiencia y corrupción imperante en el país.

Parecía que no tendríamos que vivir lo que se vendría en las siguientes dos décadas. 

Bernardo Gómez del Campo. Asesor en seguridad integral 

@BGomezdelCampo