A través de su página web y sus redes sociales oficiales, la embajada de Estados Unidos lanzó una advertencia este jueves. La representación diplomática, cuyo nuevo titular, Ron Johnson, asumió el cargo apenas este lunes, subrayó en un texto muy breve pero contundente: “Estados Unidos ha designado ciertas áreas de la frontera sur de Estados Unidos como áreas de defensa nacional“.

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Estas áreas, informó sin especificar detalles geográficos, “se consideran extensiones de bases militares de Estados Unidos y cualquier persona no autorizada que ingrese en estas zonas será objeto de multa, arresto, enjuiciamiento y encarcelamiento“.

Asimismo, enfatizó con mayúsculas: “NO ENTRE“, pues “arriesga su libertad en un viaje destinado al fracaso“.

⚠️ ADVERTENCIA
🇺🇸 ha designado ciertas áreas de la frontera sur de Estados Unidos como áreas de defensa nacional. Estas se consideran extensiones de bases militares de 🇺🇸 y cualquier persona no autorizada que ingrese en estas zonas será objeto de multa, arresto, enjuiciamiento… pic.twitter.com/NI2uQjH7AG

— Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) May 22, 2025

Cabe señalar que el Departamento de Defensa de la Unión Americana es la dependencia responsable de designar estas áreas especiales o no civiles, y por ello está prohibido el paso franco a pie o en vehículos; también está restringido el uso de cámaras fotográficas o de video. Una de esas áreas en el borde con México está en Texas. Se trata del Fuerte Bliss, en El Paso, y fue declarada como tal apenas el pasado 1 de mayo.

Al respecto, algunos medios de Estados Unidos recogieron la declaración de un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional: “Estas áreas no son puntos de paso ni zonas de tránsito. Representan infraestructura crítica para la defensa del país. Cualquier intento de ingreso no autorizado será considerado una violación grave“.

Esta medida podría considerarse como un endurecimiento de la política migratoria que está impulsando la administración de Donald Trump, que ha priorizado la seguridad nacional y el control férreo de la inmigración ilegal. La militarización de la frontera forma parte de una estrategia mayor, que incluye el despliegue de tropas y la construcción del muro.

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Ante este escenario, algunas organizaciones civiles de defensa de los derechos humanos han manifestado su preocupación debido al posible impacto que la aplicación de esta medida pueda generar sobre personas o grupos de personas “en situación de vulnerabilidad que huyen de violencia o pobreza extrema“, mientras que las autoridades de la administración Trump insisten en que, en todo momento, se respetarán los derechos humanos en el marco del cumplimiento de la ley.

Sobre este punto, vale insistir en que la nueva política migratoria de Washington planteó y ejecuta un enfoque decididamente hostil. En los primeros 100 días de su mandato, que comenzó el pasado 20 de enero, algunos activistas calificaron sus medidas como “autoritarias y xenófobas“, pues representan un castigo no sólo a los migrantes, sino también a las comunidades que les brindan ayuda y protección temporal.

Además de la militarización de su frontera sur, Estados Unidos eliminó las protecciones para migrantes vulnerables y dio paso a las detenciones masivas.

En ese sentido, una de las acciones más polémicas, pero sostenidas hasta ahora, ha sido la transmisión de propaganda antiinmigrante en medios mexicanos de comunicación, con el aval, desde luego, de los dueños de esos medios. En esa propaganda, puede verse a la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, advirtiendo a los migrantes que serán “cazados” si ingresan ilegalmente a suelo estadounidense. Este anuncio se ha difundido todos los días en televisión abierta durante eventos de alta audiencia y horarios premium.

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Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió hace más de un mes a esta situación inédita entre ambas naciones, planteando una reforma inmediata a la Ley de Telecomunicaciones, con el fin de prohibir la difusión de este tipo de propaganda extranjera agresiva en medios nacionales. La iniciativa, que ya fue aprobada en el Congreso, pero está siendo debatida por empresarios, especialistas y sociedad civil, pretende evitar que el espectro radioeléctrico mexicano se use indiscriminadamente para transmitir mensajes que atenten contra la soberanía del país y vulneren la dignidad de los nacionales.