El Departamento del Tesoro de Estados Unidos confirmó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó al Cártel de Santa Rosa de Lima, organización criminal con presencia en Guanajuato que obtuvo la mayor parte de sus ingresos ilícitos mediante el robo de combustible y petróleo a Petróleos Mexicanos.

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Desde la perspectiva del gobierno estadounidense, la disputa territorial entre el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación por el control de los hidrocarburos convirtió a Guanajuato en una de las entidades con mayores niveles de violencia en el país.

La dependencia federal sostuvo que las operaciones de este grupo criminal facilitaron un mercado negro transfronterizo de energía, lo que, a su juicio, debilitó a empresas legítimas de petróleo y gas natural en Estados Unidos.

En el mismo anuncio, la OFAC sancionó de manera individual a José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, identificado como jefe del cártel y señalado por su participación directa en robo de hidrocarburos, generación de violencia criminal y blanqueo de recursos.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, recordó que el presidente Donald Trump sostuvo desde enero de 2025 una política orientada a erradicar a los cárteles, al considerar que sus actividades impactaron de forma directa a la población estadounidense.

Bessent afirmó que Washington tiene como prioridad localizar y frenar los flujos financieros de las organizaciones criminales, sin importar el lugar o el método utilizado para generar y lavar recursos ilícitos.

Las sanciones implicaron el bloqueo inmediato de todos los bienes e intereses en bienes que el Cártel de Santa Rosa de Lima y las personas vinculadas poseyeran bajo jurisdicción estadounidense.

El Departamento del Tesoro precisó que las medidas también alcanzaron a cualquier entidad cuya propiedad, directa o indirecta, correspondiera en 50 por ciento o más a personas sancionadas.

De acuerdo con la normatividad vigente, las regulaciones de la OFAC prohibieron de manera general todas las transacciones financieras o comerciales con los sujetos incluidos en la lista.

Las autoridades estadounidenses señalaron que este tipo de acciones buscan debilitar la estructura económica de los grupos criminales y reducir su capacidad operativa dentro y fuera de México.