Con el fin de prevenir la violencia escolar, la Comisión de Educación de la Cámara baja ya estudia posibles cambios a la Ley General de Educación, para que en las escuelas se instalen sistemas de videovigilancia (cámaras de circuito cerrado o en tiempo real) en patios, accesos a baños y áreas de tránsito común, conectados al centro de comando escolar y al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), que corresponda.

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En la iniciativa, impulsada por la diputada del PVEM, María Graciela Gaitán Díaz, plantea incluir una fracción VIII al artículo 103 de la mencionada norma legal, precisando que dicho sistema garantizará la seguridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo.

Además de que operará bajo los lineamientos establecidos por las autoridades competentes en materia de privacidad y protección de datos personales.

En la iniciativa se señala que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) posiciona a México en el primer lugar mundial en acoso escolar en educación básica, con 65.9% de estudiantes que reportan exposición a bullying.

En tanto que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) advierte que la violencia escolar se ha extendido más allá del ámbito familiar, afectando gravemente la salud mental y el rendimiento académico.

Mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reporta que 35% de estudiantes experimentan violencia, con abusos en baños como foco crítico; además de que la violencia escolar abarca agresiones verbales, físicas, psicológicas y sexuales, involucrando a estudiantes, docentes, padres y personal administrativo.

En la propuesta se indica que la instalación de los sistemas de videovigilancia se incluirían como parte de los lineamientos que la Secretaría de Educación Pública (SEP) emita para establecer las obligaciones que deben cumplirse para los procesos de construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, certificación, reconstrucción o habilitación de inmuebles destinados a la prestación del servicio público de educación.

Asimismo, expone que las escuelas representan el segundo espacio de mayor convivencia para niños, niñas y adolescentes después del hogar, por lo que es imperativo garantizar entornos seguros que protejan su integridad académica, física y psicológica.

“Las instituciones educativas deben salvaguardar derechos fundamentales como la seguridad personal y la protección contra abuso o violencia, conforme al artículo 4º de la Constitución Política, que prioriza el interés superior de la niñez“.

La iniciativa reconoce que se han realizado esfuerzos para la construcción de entornos escolares seguros, que van desde la parte formativa dirigida a los integrantes de la comunidad docente, incluyendo a las madres y/o padres de familia o tutores, así como acciones preventivas que versan en protocolos; sin embargo, se siguen presentando miles de casos de violencia escolar, dentro de las instituciones que carecen de la supervisión adecuada.

Por ello, apunta, la violencia en las escuelas debe ser 100% ciento prevenible y al no existir soluciones que atiendan la problemática, se deben impulsar reformas para evitar que se genere.

La instalación de cámaras de videovigilancia en estos espacios, junto con la implementación de bitácoras que registren el ingreso y salida del personal, se presenta como una solución integral que equilibra la privacidad con la seguridad, se señaló.