En un movimiento judicial de alto impacto, el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, junto con el administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole, anunciaron la apertura de una acusación formal contra 10 personas vinculadas al gobierno del estado de Sinaloa.

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Entre los señalados destaca el actual gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya, a quien las autoridades estadounidenses acusan de vínculos directos con el crimen organizado. Según el documento judicial presentado, Rocha Moya y otros funcionarios de alto rango habrían colaborado activamente con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de grandes cantidades de sustancias ilícitas hacia territorio estadounidense.

Cargos graves y homicidios

La investigación, que ha sido asignada a la jueza federal Katherine Polk Failla, detalla delitos graves que incluyen narcotráfico, posesión ilegal de armas de fuego y homicidios.

Uno de los puntos más críticos de la acusación recae sobre Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, quien enfrenta cargos adicionales por su presunta participación en el secuestro y asesinato de un informante de la DEA y de un familiar de este.

Red de funcionarios implicados

La lista de acusados no se limita al titular del ejecutivo estatal, sino que abarca a una red de actuales y excolaboradores de alto nivel, entre los que figuran:

• Enrique Inzunza Cázarez
• Enrique Díaz Vega
• Dámaso Castro Zaavedra
• Marco Antonio Almanza Avilés
• Alberto Jorge Contreras Núñez (“Cholo”)
• Gerardo Mérida Sánchez
• José Antonio Dionisio Hipólito (“Tornado”)
• Juan de Dios Gámez Mendívil

Esta acusación representa uno de los golpes judiciales más significativos contra la estructura política en Sinaloa, al señalar una presunta red de protección y cooperación que operaba desde los niveles más altos del gobierno estatal en beneficio de las organizaciones delictivas.