Uruguay hizo historia. Su Senado aprobó la llamada Ley de Muerte Digna, convirtiéndose en el primer país de Latinoamérica en legalizar la eutanasia mediante una ley nacional. Fue el cierre de un debate de cinco años y, según encuestas, más del 60% de la población estaba a favor.
Con esta decisión, se une al pequeño grupo de naciones que han reconocido la eutanasia, entre ellas Países Bajos, Bélgica, Canadá, España y Nueva Zelanda. ¿Podría una legislación así funcionar aquí?
LA REFORMA
La nueva ley uruguaya permite que cualquier persona mayor de edad, “mentalmente capaz” y con una enfermedad incurable o sufrimiento físico insoportable, pueda solicitar la eutanasia ante un médico.
El procedimiento incluye múltiples controles: una segunda opinión médica, una junta de validación y la posibilidad de que el paciente revoque su decisión en cualquier momento.
La norma no autoriza el suicidio asistido, donde el propio paciente se administra el medicamento, sino únicamente la eutanasia activa, es decir, realizada por un profesional de la salud.
La muerte, dice la ley, deberá ocurrir de forma “indolora, apacible y respetuosa de su dignidad”.
EL CONCEPTO
La eutanasia se refiere a provocar intencionalmente la muerte de un paciente, a petición suya, para evitar sufrimientos insoportables.
Hay distintas modalidades. Activa, cuando un médico administra directamente una sustancia letal. Pasiva, cuando se suspenden tratamientos que prolongarían artificialmente la vida. Suicidio asistido, en el que el paciente toma la medicación por sí mismo.
En la mayoría de los países donde se ha legalizado (como España o Países Bajos), las tres figuras se regulan con criterios estrictos. En América Latina, Colombia y Ecuador las permiten por sentencias judiciales, pero Uruguay es el primero en aprobarla mediante un debate legislativo abierto.
¿Y MÉXICO?
Aquí en nuestro país la eutanasia activa sigue prohibida. La Ley General de Salud la considera “homicidio por piedad”. Lo único permitido, y sólo a nivel local, es la llamada “voluntad anticipada”, que da a los pacientes terminales el derecho a rechazar tratamientos que prolonguen artificialmente la vida. Es decir, el paciente puede morir naturalmente, pero no pedir ayuda para morir.
A la fecha, 20 estados tienen leyes locales de voluntad anticipada, pero ninguna permite la eutanasia.
DIQUES
Hay tres grandes frenos. Primero, el peso cultural y religioso. México sigue siendo un país mayoritariamente católico, y la Iglesia mantiene una postura firme: la vida es sagrada hasta la muerte natural.
Segundo, la debilidad del sistema de salud: sin acceso generalizado a cuidados paliativos, temen los expertos, legalizar la eutanasia sería “ofrecer la muerte como única salida al dolor”.
Y tercero, la ausencia de impulso político generalizado. Salvo casos como Movimiento Ciudadano y de legisladores a nombre personal, ningún partido ha asumido el tema como bandera a nivel nacional, ni el Congreso lo ha priorizado.
EL DILEMA
Los argumentos a favor invocan la autonomía: el derecho a decidir sobre el propio cuerpo y poner fin a un sufrimiento insoportable. Los detractores apelan a la dignidad de la vida, temiendo abusos, presiones o errores irreversibles.
Uruguay, pionero en temas como aborto, matrimonio igualitario y cannabis, volvió a abrir el debate. México, por ahora, mira desde lejos.
Pero tarde o temprano llegará el momento de discutirlo: en qué condiciones debemos elegir cómo vivir nuestro último día en este planeta.
EL DATO INCÓMODO
El titular de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo, reveló que existen más de 7 mil carpetas de investigación por huachicol fiscal y contrabando, con una supuesta recuperación de 225 mil millones de pesos. Entre los implicados hay empresarios, militares y agentes aduanales. El saqueo fiscal fue institucional… y masivo.
