Al advertir que las desapariciones de personas en México se han convertido en una crisis donde el gobierno federal ha sido omiso, el senador por el Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno señaló que la Fiscalía General de la República debe investigar a las autoridades que encubrieron los hechos.

“Hoy la Fiscalía General de la República ha anunciado que investigará los hechos, pero es imposible ignorar que todo ocurrió ante los ojos del gobierno de Movimiento Ciudadano”.

El también dirigente nacional del PRI indicó que el hallazgo de un campo de exterminio en Teuchitlán es la prueba de que el crimen organizado ha cruzado todos los límites”.

“Hornos clandestinos, fosas repletas de cuerpos incinerados. Son rastros de barbarie que evocan las peores atrocidades de la historia. No podemos permitir que estos sitios de horror sigan existiendo sin castigo”, dijo en conferencia de prensa.

El senador priísta al señalar que el campo de exterminio puso en evidencia “el fracaso de las políticas de seguridad del gobierno de la república, anunció que su partido en la Cámara Alta presentó una iniciativa para que se reforme el Código Penal Federal y sean tipificados los delitos de reclutamiento forzado y operación de campos de exterminio.

Por lo anterior, hizo un llamado a todas las fuerzas políticas para aprobar esta reforma con urgencia al aclarar que “esto no es un tema de partidos. Es una cuestión de justicia, humanidad y decencia. Si el Congreso no actúa ahora, estará firmando la condena de miles de mexicanos que seguirán desapareciendo a manos del crimen organizado”.

Explicó que en la iniciativa el grupo parlamentario propone incorporar el delito de reclutamiento forzado dentro del capítulo de terrorismo y seguridad nacional del Código Penal Federal, con penas severas para quienes obliguen a otras personas a unirse a organizaciones delictivas mediante violencia, engaños o coerción”.

Plantea también la creación de un tipo penal específico para sancionar la operación de campos de exterminio y adiestramiento del crimen organizado, castigando no solo a quienes cometen los asesinatos, sino también a quienes facilitan la infraestructura, financian las operaciones o permiten la existencia de estos sitios.