Más de 1.2 millones de mujeres afromexicanas viven diferentes formas de violencia en México, en un contexto de discriminación estructural y falta de reconocimiento institucional y que, de acuerdo con organizaciones civiles, el 98.5 por ciento de ellas ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, el 56.7 por ciento ha sido víctima de violencia sexual y más de la mitad ha recibido comentarios ofensivos relacionados con su origen étnico.
Ante esta situación, los colectivos Colectiva de Mujeres Afromexicanas en Movimiento (MUAFRO), Mano Amiga de la Costa Chica y Afropoderosas hicieron un llamado urgente al Estado mexicano para visibilizar la problemática, garantizar derechos y diseñar medidas concretas que atiendan las violencias que enfrentan mujeres afromexicanas en todo el país.
La denuncia se presentó en el marco de la 91ª sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas, celebrada en Ginebra, Suiza en voz de Belén del Carmen Ramírez Lezma quien expuso los principales hallazgos de una investigación realizada por estas agrupaciones, como respuesta a la falta de información oficial sobre este sector de la población.
Durante su intervención, subrayó que las mujeres afromexicanas enfrentan de forma simultánea diversas formas de violencia como la obstétrica, escolar, familiar y comunitaria y que estas agresiones se agravan en las niñas, adolescentes y jóvenes, especialmente en contextos rurales.
Por lo anterior, propusieron que el comité internacional emita una recomendación general centrada en la realidad de las mujeres afrodescendientes de América Latina y el Caribe, con el fin de visibilizar los impactos del racismo y de las desigualdades interseccionales que enfrentan.
También solicitaron al gobierno mexicano generar estadísticas desagregadas que incluyan a las mujeres afromexicanas, así como su incorporación en encuestas nacionales como la ENDIREH, para diseñar políticas públicas efectivas, ya que, advirtieron que, sin datos claros, es imposible garantizar sus derechos ni implementar medidas de prevención, atención y justicia.
Entre las principales recomendaciones dirigidas al Estado, las organizaciones plantearon incluir programas y presupuestos específicos para mujeres afromexicanas en las políticas públicas de igualdad de género, crear campañas de comunicación culturalmente adecuadas para visibilizar las violencias que enfrentan, impulsar modelos de atención con perspectiva étnico-racial e interseccional y garantizar servicios de salud sin discriminación.
Pidieron además establecer acciones de sensibilización sobre los derechos de esta población, incorporar la identidad afromexicana en los registros de instituciones públicas, crear espacios de representación propia, ofrecer becas educativas, y eliminar estereotipos de género y racismo en los medios de comunicación, en particular la hipersexualización de sus cuerpos.
Otro de los temas señalados fue el matrimonio forzado de niñas en comunidades afromexicanas por lo que solicitaron a la CEDAW impulsar mecanismos más eficaces para erradicar esta práctica, y exigieron al Estado mexicano que integre a este grupo poblacional en los estudios oficiales sobre violencia de género, pobreza, salud y educación.
Destacaron también que la situación se agrava ante fenómenos como el cambio climático. Tras el paso del huracán Erick por las costas de Oaxaca y Guerrero, las comunidades afromexicanas resultaron entre las más afectadas, y las mujeres fueron quienes enfrentaron la mayor carga en la recuperación comunitaria. Esta realidad, advirtieron, es resultado del racismo estructural y la exclusión histórica.
Finalmente, las organizaciones llamaron a aprovechar este momento para construir estrategias diferenciadas que aseguren una vida libre de violencia para las mujeres afromexicanas y aseguraron que seguirán trabajando para que sus voces sean escuchadas y respetadas en todos los espacios de decisión, tanto a nivel nacional como internacional.




