La explosión de un vehículo en Michoacán generó posturas distintas entre senadores de distintos grupos parlamentarios, luego de que la Fiscalía reclasificó el caso y dejó de considerarlo como terrorismo para ubicarlo dentro de los delitos de delincuencia organizada. Ricardo Anaya Cortés y Alejandro Moreno Cárdenas señalaron que el hecho debe ser tratado como un acto de terrorismo, mientras que Adán Augusto López Hernández afirmó que en México no existe esa figura en los términos planteados y que la autoridad investigadora actuó conforme a sus atribuciones al modificar el tipo penal.

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Ricardo Anaya Cortés, coordinador parlamentario de Acción Nacional en la Cámara alta, sostuvo que la explosión cumple con las características previstas en la legislación para considerarse un acto de terrorismo. Señaló que no coincide con la posición del gobierno federal, que ha descartado esa clasificación, y afirmó que el caso no debe minimizarse bajo el argumento de que se trata de un enfrentamiento entre grupos delictivos. Añadió que, desde su análisis, la explosión corresponde a una acción destinada a generar intimidación y que debe revisarse bajo ese parámetro legal.

En ese mismo sentido, Alejandro Moreno Cárdenas, senador por el PRI, indicó que el uso de vehículos explosivos, drones con artefactos, minas y otras modalidades registradas en diferentes estados corresponde a prácticas que, en su posicionamiento, deben clasificarse como terrorismo.

Expuso que la explosión ocurrida en Michoacán forma parte de un conjunto de hechos que, según sus declaraciones, cumplen con elementos establecidos para ese tipo penal. También cuestionó la decisión de la Fiscalía de reclasificar el caso como delincuencia organizada.

Por su parte, Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y coordinador parlamentario de Morena, declaró que no observa elementos para sostener que exista terrorismo en México.

Explicó que las fiscalías tienen la facultad legal de reclasificar los delitos conforme avanza la integración de las investigaciones y que el caso seguirá su curso en los términos que determine la autoridad ministerial.

Señaló que la explosión no constituye una afrenta al gobierno y que la definición del tipo penal aplicable dependerá de los resultados del procedimiento correspondiente.