Nicolas Sarkozy acaba de hacer historia en Francia, y no precisamente en los libros de protocolo. El expresidente ingresó a la prisión de La Santé, en París, para cumplir una condena de cinco años por corrupción y financiamiento ilegal de campaña. A sus 70 años, se convirtió en el primer ex jefe de Estado francés encarcelado desde la Segunda Guerra Mundial.
La imagen impacta: un expresidente, con traje impecable, cruzando una puerta metálica hacia su celda. En Europa, fue un polvorín mediático. En México, eso todavía es impensable.
MANDATARIOS ENTRE REJAS
El caso de Sarkozy no es una excepción en el mundo. Hay varios expresidentes que han enfrentado prisión. En Perú, cuatro exmandatarios han pasado por la cárcel en los últimos años: Fujimori, Toledo, Humala y Castillo. Todos por corrupción o abuso de poder.
En Corea del Sur, Park Geun-hye fue destituida y encarcelada. En Brasil, Lula da Silva pasó más de un año preso antes de volver al poder. En Sudáfrica, Jacob Zuma fue encarcelado por desacato judicial. Y hasta en Israel, el expresidente Moshe Katsav fue condenado por delitos sexuales.
En todas esas democracias, el poder no garantiza inmunidad eterna. En México, en cambio, ningún expresidente ha pisado una cárcel.
LA EXCEPCIÓN MEXICANA
El único caso que se acerca fue el de Luis Echeverría Álvarez, procesado por genocidio por la matanza de Tlatelolco. En 2006 se le dictó prisión domiciliaria. Murió libre, como todos sus antecesores y sucesores.
¿Por qué aquí no pasa? Porque en México la impunidad es un pacto no escrito. Durante décadas, el sistema priista estableció una regla no escrita: “No se toca al ex”. Si un presidente metía preso a su antecesor, abría la puerta para que el siguiente lo hiciera con él. Así nació una cadena de silencio donde cada sexenio terminaba con olvido garantizado.
No hay “carta de impunidad” formal, pero sí una tradición política: el pacto de no agresión. Incluso en tiempos recientes, se especuló con un entendimiento entre Peña Nieto y López Obrador para asegurar una transición pacífica. Ningún documento lo prueba, pero los hechos hablan: ninguna investigación penal ha tocado al expresidente.
MECANISMOS QUE NO FUNCIONAN
México tiene leyes que podrían romper ese ciclo, pero no hay voluntad. Existe el juicio político, que nunca se ha aplicado a un presidente. El fuero presidencial se reformó en 2021 para permitir procesarlo por corrupción o delitos comunes, pero cualquier acción requiere autorización del Congreso, donde el control partidista pesa más que la justicia.
La revocación de mandato, presentada como herramienta ciudadana, puede remover al presidente, no juzgarlo.
Y cuando AMLO intentó en 2021 una consulta popular para enjuiciar a expresidentes, el ejercicio fracasó: apenas votó el 7% del padrón. El gobierno interpretó el silencio como “perdón pero no olvido”. Desde entonces, tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum repiten la misma frase: “Ya los juzgó la historia”.
EL VEREDICTO
Mientras en otras partes del mundo los expresidentes enfrentan jueces, aquí sólo enfrentan homenajes o exilios cómodos. En México, la justicia se detiene en la puerta del poder.
Romper esa lógica no depende de una ley más, sino de un cambio cultural: que la sociedad exija cuentas y deje de aplaudir el borrón y cuenta nueva. Por ahora, seguimos siendo la excepción latinoamericana: el país donde la historia juzga, pero la justicia nunca llega.
EL DATO INCÓMODO
Con cero iniciativas y 10 ausencias en votaciones, el diputado Cuauhtémoc Blanco gana más de 150 mil pesos mensuales entre salario y apoyos. Mientras su productividad legislativa es nula, su disciplina deportiva destaca: le pone más ganas al pádel que a legislar.
