Organizaciones de derechos humanos celebraron la resolución judicial que ordena al Ejército Mexicano entregar información completa generada por sus instancias de inteligencia en 2014 sobre el caso Ayotzinapa, al considerar que la decisión fortalece el derecho a la verdad de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos.

LEE ADEMÁS: Descarta Sheinbaum presión de Trump en operativo contra “El Mencho”

El pronunciamiento fue difundido por el Servicio y Asesoría para la Paz (Serapaz), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), después de que el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México resolvió el 19 de febrero de 2026 el juicio de amparo 1350/2023 y ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) entregar la totalidad de la información generada ese año por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia “Centro” (CFRI), con sede en Iguala, Guerrero, así como por otras instancias militares de inteligencia.

De acuerdo con la resolución judicial, existe una brecha aproximada de 853 folios del CFRI que no han sido entregados y respecto de los cuales las autoridades deben garantizar el acceso para permitir una búsqueda efectiva de la verdad. El juzgado estableció que la falta de continuidad en la documentación no acredita que los archivos no existan, sino que constituye un indicio de que la información obra en poder de las autoridades militares y debe ser entregada.

La decisión judicial deriva del amparo promovido en agosto de 2023 por las madres y los padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, quienes reclamaron la omisión de las autoridades militares de entregar todos los reportes de inteligencia elaborados en 2014, incumpliendo el Decreto Presidencial emitido en 2018 que obliga a las dependencias federales a colaborar plenamente en el esclarecimiento del caso.

Las familias han señalado la responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional y de diversas áreas de su estructura de inteligencia en el ocultamiento de documentos cuya existencia fue documentada en el sexto y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).