El año pasado, siete mexicanos murieron bajo custodia del ICE. El fallecimiento de José Guadalupe Ramos Solano en un centro de detención migratoria en Estados Unidos abrió un frente legal impulsado por su familia, que ahora centra la exigencia en tribunales y en una investigación independiente para esclarecer las causas de la muerte.
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El abogado de la familia, Jesús Eduardo Arias, confirmó que ya se interpusieron demandas en otros casos similares y que se desarrolla un peritaje forense paralelo, con el objetivo de determinar responsabilidades, al advertir que “los derechos constitucionales y humanos no están en venta“.
La estrategia jurídica busca romper con la falta de información oficial que, según denunciaron los familiares, caracterizó el manejo del caso, ya que afirmaron que ninguna autoridad migratoria se comunicó para informar sobre el fallecimiento ni para expresar condolencias.
Esta ausencia de comunicación fue calificada por la familia como un trato inhumano que agrava el impacto de la pérdida, al dejar sin respuestas inmediatas a quienes buscan conocer qué ocurrió dentro del centro de detención.
El litigio se suma a otros procesos en curso relacionados con muertes de mexicanos bajo custodia migratoria, lo que configura un patrón que está siendo llevado ante instancias judiciales en Estados Unidos con el respaldo de organizaciones legales.
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que ha documentado 14 muertes de personas mexicanas bajo custodia de autoridades migratorias de Estados Unidos desde enero de 2025, en un contexto que calificó como una tendencia “alarmante e inaceptable“, con énfasis en el centro de detención de Adelanto, California, donde se concentraron varios de los casos.
COMUNICADO. “Emprende SRE acciones consulares y legales ante recientes fallecimientos de connacionales en centro de detención de Adelanto, California”.https://t.co/b3wiJUDVoa pic.twitter.com/Mx8fcKUWyK
— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 30, 2026
Durante una conferencia en el Consulado General de México en Los Ángeles, la directora general de Protección Consular, Vanessa Calva Ruiz, expuso que el caso más reciente corresponde a José Guadalupe Ramos Solano, cuyo fallecimiento ocurrió en ese centro y cuya causa aún no se ha determinado, por lo que el gobierno mexicano solicitó una investigación “urgente y exhaustiva”.
La funcionaria sostuvo que este caso no es aislado, sino parte de un patrón que evidencia fallas estructurales, deficiencias operativas y posibles negligencias en los centros de detención, particularmente en la atención médica, la infraestructura y los mecanismos de prevención, lo que vulnera estándares internacionales de derechos humanos.
Autoridades consulares señalaron que en el centro de Adelanto han fallecido al menos cuatro connacionales, presuntamente por complicaciones médicas, lo que refuerza la hipótesis de problemas sistemáticos en la operación del recinto, administrado por una empresa privada bajo contrato con autoridades migratorias estadounidenses.
El cónsul general en Los Ángeles, Carlos González Gutiérrez, subrayó que existe un flujo limitado de información hacia las familias de las personas detenidas, lo que obliga a la red consular a intervenir para documentar condiciones, identificar necesidades médicas y acompañar procesos legales y familiares.
En ese contexto, el gobierno mexicano anunció que participará como “amigo de la Corte” en una demanda colectiva presentada en California contra autoridades migratorias, en la que se denuncian condiciones de confinamiento que podrían violar normas constitucionales y administrativas en Estados Unidos.
El recurso busca incidir en la mejora de las condiciones de detención, incluyendo acceso oportuno a servicios médicos, alimentación adecuada y condiciones de higiene suficientes, además de prevenir nuevos fallecimientos en instalaciones bajo custodia estatal.
La Cancillería indicó que ha enviado notas diplomáticas y sostenido conversaciones de alto nivel con autoridades estadounidenses para expresar preocupación por la situación, sin que hasta ahora existan respuestas que garanticen cambios estructurales en los centros de detención.
