Los apellidos Covarrubias y Barroso en Baja California Sur han estado vinculados en los últimos diez años con los cárteles de la droga con quienes pactaron la plaza o habrían recibido apoyo financiero para sus campañas políticas a cambio de dejarlos operar en la entidad, lo que podría derivar en una investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y lavado de dinero, ya que algunos de ellos buscan un cargo de elección popular actualmente. 

Lo anterior ha quedado asentado en distintas averiguaciones previas, tanto en la entonces Procuraduría General de la República (PGR) como en la Procuraduría General de Justicia del estado.  

Se trata del exgobernador de Baja California Sur, Marcos Covarrubias Villaseñor, a quien se le ha señalado como la persona que pactó con distintas organizaciones del crimen organizado durante su mandato; así como su hermano y operador financiero Refugio El Cuco Covarrubias, identificado como enlace entre el crimen organizado y el gobierno que encabezó su hermano entre 2011 y 2015. 

En el año 2012, la PGR inició una investigación por los presuntos nexos entre el crimen organizado con servidores públicos encabezados por el entonces gobernador Marcos Covarrubias, por presuntamente brindar protección para poder operar el trasiego de droga a través de avionetas que aterrizaban en pistas clandestinas. 

Ambos son tíos de Francisco Pelayo Covarrubias, actual candidato a la gubernatura por la alianza PAN-PRI-PRD, quien de manera inexplicable se ha hecho de varios bienes inmuebles sin que se conozca plenamente el origen de los recursos. 

Pelayo Covarrubias se benefició con contratos millonarios adjudicados de manera directa por más de 50 millones de pesos. De una pequeña empresa de reciclaje, Francisco Pelayo pasó a tener dos empresas de nombre Productos y Derivados de Concreto, y Construmateriales de Baja California Sur con las que se convirtió en uno de los principales proveedores en la administración de su tío. 

Por otra parte, el priista Ricardo Barroso Agramont fue denunciado en mayo de 2015 ante la PGR por el PAN, partido que hoy lo impulsa junto con el PRI y el PRD para contender por la presidencia municipal de La Paz.  

Dicha denuncia fue por sus probables vínculos con los cárteles de la droga que habrían financiado parte de su campaña cuando contendió por la gubernatura. Actualmente posee 21 inmuebles junto con su familia, que no coinciden con sus ingresos.  

 Además, la campaña de Ricardo Barroso en 2015 se vio manchada por tener entre sus colaboradores a Isabel Urías García El Chabelo, lugarteniente del grupo de Los Layos, una organización local dedicada al narcomenudeo. 

 De acuerdo con la carpeta LPZ/05/HOM/2014, iniciada en la procuraduría del estado, Los Layos tenían sus reuniones en un rancho de nombre Platanitos, ubicado en La Paz. Bajo un esquema de empresa fachada dedicada a la crianza de pollos para la comercialización, dicho rancho era el centro de operaciones de la organización. 

 El contenido de la denuncia refiere que existía una cercanía entre El Chabelo con Ricardo Barroso ya que el entonces Senador buscó recursos federales, a través del Instituto Nacional de la Economía Social, por un monto de 100 mil pesos para Isabel Urías con el argumento que su rancho había sido afectado por el huracán Odile y lo beneficiara en el programa de afectados. 

El PAN también denunció en la PGR, donde se abrió la averiguación previa AP/PGR/90-B/2015, que la Sedesol, a través del programa Prospera, buscó coaccionar el voto a favor del entonces candidato a la gubernatura, Ricardo Barroso, amenazando a los beneficiarios de programas sociales que se les retiraría el apoyo si no votaban por él.