Empresarios del ramo energético denuncian que desde diciembre pasado son extorsionados por elementos federales, bajo el argumento que se realizan operativos y se acercan a los puntos de venta de Gas Licuado de Petróleo (LP), establecidas de manera legal así como a las gasolineras ubicadas en los municipios de Naucalpan, Atizapán de Zaragoza y Nicolás Romero y con el pretexto de que les falta la documentación necesaria, les exigen cuotas que van desde los 100 a 200 mil pesos mensuales.

Estos hechos se han documentado por las víctimas, por lo que exigen la intervención inmediata tanto de la fiscal Ernestina Godoy como de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, pues el acoso de los agentes de la FGR ha incrementado de manera considerable en estos primeros días del año.

“Nosotros tenemos todo en regla, los permisos de la Secretaría de Energía, la documentación en regla de Protección Civil del Estado y los permisos municipales, los renovamos cada que lo piden, generamos empleo, sorteamos a la delincuencia organizada, a los robos y por si fuera poco, generamos empleos, pero aun así ahora los mimos policías son los que nos quieren perjudicar”, señaló Raúl Garza, encargado de una gasolinera afectada en Atizapán.

Los afectados explican que dichos operativos se realizan los fines de semana, los oficiales llegan argumentando que buscan revisar si en los establecimientos se vende gasolina o gas robada producto del llamado huachicol, sin embargo, no presenten la documentación que corresponde, luego de eso y con cualquier pretexto, amagan con clausurar el lugar.

Los empresarios precisaron que, si bien los empresarios están conscientes que la FGR está facultada para investigar el robo de hidrocarburos, saben que este modus operandi no corresponde a la institución, pues con frecuencia los revisan.

“Sabemos cuáles son los operativos reales y cuáles no y estos aunque los agentes sí son de la corporación, no están destinados para esto. Nos dicen que van a abrir una carpeta de investigación y mientras se hace la diligencia clausuran y todos están coludidos porque en minutos llega un MP con la orden de un juez y mientras son peras o manzanas, los negocios los cierran hasta por un año“, señaló Garza, tras precisar que la FGR ya tiene conocimiento de estas extorsiones por lo que ya se abrió un expediente en Asuntos Internos.